Un hombre fue condenado a 17 años de cárcel por violar e integrar una red de explotación sexual de niñas de un hogar de menores en Chile.
Los responsables de estos actos son Daniel Cerda Bustos y Gian Carlo Bavestrello Aranda y ambos fueron acusados por el Ministerio Público de engañar y manipular a menores de la residencia “Anita Cruchaga”, ubicada en la ciudad de Viña del Mar a 120 kilómetros de Santiago.
El magistrado Danko Koscina Villegas fue el encargado de leer la resolución en contra de los hombres que desempeñaban labores en el transporte público de Viña del Mar. En el caso de Cerda éste fue absuelto por dos delitos de abuso sexual con y sin contacto a una de las víctimas, y fue condenado por el delito de estupro, explotación sexual y violación reiterada de una menor de 14 años.
Por esto es que recibió los 17 años de cárcel y, una vez cumplida su pena, tendrá vigilancia durante los 10 primeros años de libertad y se le prohibirá ejercer labores en ámbitos educacionales o trabajos relacionados con menores de edad.
A Gian Carlo Bavestrello Aranda se le absolvió del delito reiterado de explotación sexual de una víctima y fue condenado a cuatro años de presidio por estupro a dos menores, lo que cumplirá bajo la libertad vigilada intensiva.
A pesar que el Ministerio Público no esperaba estas condenas, la fiscal Paulina Madariaga se mostró conforme con lo decretado. “Se valora que se haya podido condenar por los hechos, que son sumamente complejos de acreditar debido al fenómeno de los delitos, la explotación sexual, al hecho de que las víctimas eran niñas y adolescentes institucionalizadas de hogares del Sename, bajo la custodia del Estado, cuyas historias de vulneración son extensísimas”.
Fallas del sistema
En septiembre pasado BioBioChile informó que la jefa de Operación Social del Hogar de Cristo, Carolina González, hizo todo lo posible para sacar a las menores de edad víctimas de explotación sexual, y que todo quedó al descubierto entre el 2018 y 2019.
Las sospechas se instalaron cuando las niñas llegaban con cosas que el equipo oficial no les entregaba, y hasta hubo momentos que las vieron drogadas o alcoholizadas después de llegar de salidas nocturnas no autorizadas. A pesar de presentar acciones judiciales esto no fue suficiente para cuidar a las menores.
“Lo que se hace es tomar las acciones legales y, en paralelo, se toman todas las acciones que tienen que ver con la intervención. Cuando tú me mencionas si las apartamos de estos tipos, por supuesto que sí, sin embargo, cuando yo te digo que falló el sistema (…) hay un sistema que no acompaña los procesos de daños”, dijo.
Después de un incendio ocurrido en la residencia “Anita Cruchaga” en el 2019, las víctimas fueron trasladas a otros centros de protección, y González dijo desconocer si alguna hoy recibe o no apoyo de la red infanto adolescente.
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