
La bancada del Frente Amplio (FA) en el Senado de Uruguay convocará en régimen de comisión general al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, al director de Inteligencia Estratégica del Estado, Álvaro Garcé, y al prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, por el caso del ex jefe de seguridad de Presidencia, Alejandro Astesiano.
La convocatoria será una vez finalizada la votación de la Rendición de Cuentas, según informó la senadora Liliam Kechichian en conferencia de prensa. “Vamos a escuchar que tiene para decir el Poder Ejecutivo y después veremos qué otras acciones tomaremos”, añadió.
Según explicó, estuvo en consideración citar al canciller Francisco Bustillo, pero decidieron centrar esta instancia en el Ministerio del Interior y la emisión de pasaportes: “Nos parece que es imprescindible que lo hagan Garcé como Ferrés”.
El director de Inteligencia Estratégica del Estado, Álvaro Garcé, y el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés no tienen responsabilidad parlamentaria, por lo tanto, no están obligados a concurrir. Sin embargo, Kechichian aseguró que desde el FA entienden que “políticamente tienen la responsabilidad de estar presentes”. El senador Alejandro “Pacha” Sánchez, en tanto, sostuvo que está convencido de que ambos concurrirán, porque si no lo hacen “sería un nuevo escándalo”. Por su parte, el ministro de Interior, Luis Alberto Heber, sí está obligado a estar presente.
“Nos parece muy inverosímil que nadie del Poder Ejecutivo conociera los antecedentes de esta persona que estuvo presa y que tampoco nadie del entorno del Partido Nacional supiera esto”, declaró Sánchez: “El pueblo uruguayo está pidiendo una explicación seria, razonable y veraz de lo que ha sucedido”.
El jefe del Servicio de Seguridad Presidencial uruguayo, Alejandro Astesiano, fue imputado por ser parte de un esquema de corrupción que operaba en el cuarto piso de la sede de Gobierno y que falsificaba partidas de nacimiento para posibilitar que ciudadanos rusos accedieran a la ciudadanía uruguaya. Luego de que saliera a luz el caso surgieron nuevas implicancias que vinculan a funcionarios públicos cómplices, datos que fueron ocultados a los ojos de Lacalle Pou y cuestionamientos sobre las responsabilidades políticas y penales de lo sucedido.
Según dijo este lunes Sánchez a Infobae, Luis Lacalle Pou “no puede decir que desconocía las anotaciones” de su custodio porque eran “públicas y notorias”: “No es justificable contratar a una persona con tantas anotaciones para ese cargo”. Respecto a las responsabilidades, el senador consideró que en primer lugar está la del presidente, que “puso un estafador en el piso cuarto de la Presidencia.”
El senador del FA Daniel Caggiani, por su parte, conicidió con Sánchez en la responsabilidad del presidente y dijo que cuando Lacalle Pou era oposición “tenía un nivel de exigencia de la ética pública escosesa”. “Hoy parecemos Burundi en ese sentido”, agregó.
“Es necesario valorar las responsabilidades penales y políticas de que se haya posibilitado el funcionamiento de esta asociación ilícita en el corazón del gobierno de Lacalle Pou, en el mismo edificio en el que funcionan los servicios de inteligencia, el despacho del presidente y la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT)”, añadió Caggiani.
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