Un tribunal sentenció a ocho años de cárcel por corrupción a un ex ministro del presidente Luis Arce, la primera condena en años a un alto funcionario por ese delito en Bolivia, donde la justicia ha sido señalada por su falta de independencia del poder político.
El ex dirigente campesino Edwin Characayo, ex ministro de Desarrollo Rural y Tierras, fue condenado por cohecho pasivo tras cobrar un soborno de 20.000 dólares para favorecer a particulares con la titulación de tierras fiscales, según el dictamen del Tribunal de Sentencia Anticorrupción de La Paz divulgado el miércoles.
Characayo llevaba menos de cinco meses en el cargo cuando fue detenido en abril de 2021 mientras recibía el soborno en la calle. Al salir de la audiencia el ex funcionario dijo a la prensa que los jueces no valoraron sus pruebas de descargo.
La condena tiene lugar en medio de fuertes disputas en el interior del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) que lidera el ex presidente Evo Morales. Un diputado allegado suyo acusó hace unos días a altos funcionarios del gobierno de Arce de cobrar sobornos para adjudicar una carretera, pero hasta el miércoles ninguno de los aludidos había renunciado y las investigaciones judiciales avanzaban lentamente, según los denunciantes.
El parlamentario del MAS, Héctor Arce, denunció ante la fiscalía que “la coima, el soborno pactado representa como 18 millones de bolivianos”, unos 2,6 millones de dólares.
Denunció que por ese motivo sufre “amenazas”. “No me van a amedrentar”, dijo.
La denuncia involucra a la empresa china “Chec” y funcionarios de la estatal Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), entre ellos su presidente Henry Nina, un poderoso dirigente indígena y del MAS.
En febrero de este año la ABC adjudicó a Chec la carretera de 25,8 kilómetros Sucre-Yamparaez en el departamento de Chuquisaca (sureste) por 456,8 millones de bolivianos (65,6 millones de dólares) con fondos de la CAF, el Tesoro General del Estado y la gobernación local, según la ABC.
La obra tiene un 10% de avance y su culminación está prevista en tres años.
Organizaciones internacionales como Human Rights Watch (HRW), el Comité contra la Tortura de la ONU y un grupo de investigadores independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han calificado de “grave” la falta de independencia de la justicia boliviana y han convocado a las autoridades a emprender urgentes reformas para fortalecer el sistema judicial.
En 2019 una ex ministra fue encarcelada por un millonario desfalco en proyectos destinados a los indígenas durante el gobierno de Morales (2006-2019), pero el juicio nunca llegó a una sentencia y la ex funcionaria recobró su libertad. En 2020 otro proceso contra un ministro de Salud por la compra con supuesto sobreprecio de respiradores mecánicos quedó en la nada.
(Con información de AP)
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