Un pueblo indígena ecuatoriano demanda ante la Corte Interamericana que se respete su forma de vida en aislamiento voluntario

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) conocerá por primera vez un caso sobre pueblos en aislamiento voluntario. Se trata del caso de los Tagaeri-Taromenane vs. Ecuador, que en 2006 presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de una masacre en la que murieron alrededor de 30 personas de los pueblos Tagaeri-Taromenane. Luego de 16 años de litigio, las partes presentarán sus argumentos en la audiencia que se celebrará el 23 de agosto de este año, en Brasilia, según informó la Fundación Pachamama y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie).

Los Tagaeri-Taromenane viven en el Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana, considerada una de las regiones más biodiversas del planeta. Estos pueblos se mantienen en aislamiento voluntario y se dedican a la caza y recolección de frutos. Su territorio y su forma de vida, que convive en estricta dependencia con el ecosistema que habitan, ha sido amenazada permanentemente por “las actividades petroleras, madereras, la colonización, la construcción de carreteras, la destrucción de sus ecosistemas, etc.”, según se lee en el comunicado.

La resolución de la Corte IDH sobre el caso de los Tagaeri-Taromenane marcaría un precedente importante sobre la protección de estas comunidades que se mantienen en aislamiento voluntario y que buscan el respeto a su forma de vida y territorio. De acuerdo con Mario Melo, asesor legal de Fundación Pachamama y que participará en la audiencia, el caso “tiene una especial importancia porque la vida e integridad de estos pueblos está en permanente amenaza sin que el Estado ecuatoriano haya tomado las medidas necesarias para proteger sus derechos”. Además, para Melo, “al ser el primer caso sobre pueblos en aislamiento ante la Corte IDH, la sentencia del presente caso servirá para la protección de todos pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial de las Américas”.

El Informe de Fondo sobre el caso, aprobado en septiembre de 2019, señala que la parte peticionaria describió que el Estado ecuatoriano, a través de la implementación de políticas extractivas, “afectaron el territorio ancestral de los PIAV (los Tagaeri-Taromenane), amenazando su subsistencia y condenándolos a una “inexorable muerte”, tanto la de sus miembros como del grupo como pueblo indígena”.

En el 2003, 2006 y 2013 se registraron tres masacres producto del enfrentamiento entre miembros de los pueblos Tagaeri-Taromenane, madereros ilegales y miembros del pueblo Waorani.

En la masacre de 2003, alrededor de 25 taromenane aparecieron muertos tras el enfrentamiento con una tribu waorani. El motivo habría sido una venganza y también la presión por la extracción de recursos naturales. Dos años después, se informó que unos 30 aldeanos no contactados aparecieron asesinados tras nuevos enfrentamientos con madereros.

Luego de estos incidentes, el 10 de mayo de 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una medida cautelar a favor de los Tagaeri y Taromenane, y el gobierno del Ecuador se comprometió a controlar la tala ilegal de los bosques en las áreas donde migran y viven las poblaciones aisladas. Pero esas promesas no se cumplieron. En 2013, un grupo de indígenas en aislamiento asesinó a Ompure y Buganey, dos ancianos waorani. En represalia, los waorani mataron a 30 indígenas no contactados y secuestraron a dos niñas taromenane, dos hermanas de dos y seis años.

Durante la masacre de 2013, muchos hombres, mujeres y niños de Taromenane perdieron la vida bajo el ataque de integrantes de los Waorani, en venganza por la muerte de dos mayores de su grupo y por el rapto de las dos niñas secuestradas por los asesinos de sus padres.

Respecto a los asesinatos de 2003 y 2006, la parte peticionaria aclaró que las investigaciones no arrojaron ninguna sanción para los perpetradores. Sobre la masacre de 2013, los peticionarios explicaron que debido al estado de impunidad y negligencia del Estado, motivado por intereses económicos, la investigación penal fue suspendida temporalmente y los responsables fueron provisionalmente sobreseídos. El 26 de noviembre de 2013, el Estado ecuatoriano realizó un operativo de rescate de las niñas secuestradas en el que las fuerzas de seguridad sacaron a la niña mayor de la escuela y la pusieron bajo la custodia de las autoridades.

La parte peticionaria alegó que el Estado ecuatoriano violó el derecho a la vida, la propiedad, los derechos económicos, los derechos sociales y culturales y la igualdad y el derecho a la no discriminación, ya que no respetó la propiedad ancestral de Tagaeri y Taromenane ni su título sobre las tierras ancenstrales para el desarrollo de la actividades económicas y para la limitación de su espacio de desenvolvimiento. Esta situación, se lee en el informe, ha generado un cambio en el entorno donde se desarrolla la vida de los Tagaeri y Taromenane, creando una grave amenaza a su vida física y cultural, por el impacto en su visión del mundo, su salud, sus hogares y su alimentación.

En el caso de los homicidios, la parte peticionaria alegó que el Estado no tomó las medidas necesarias para prevenir esta violencia. De igual forma, el conflicto social con los Waorani se ha exacerbado por la falta de información sobre sus derechos sobre sus tierras ancestrales, haciéndolos vulnerables a la explotación económica, lo que repercute en la vida, cosmovisión y desarrollo cultural de los pueblos indígenas en aislamiento.

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