La SIP felicitó a Guillermo Lasso por su decisión de vetar la ley aprobada por el correísmo que restringe la libertad de prensa

Para la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el anuncio del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, de vetar las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación es un acierto. La asociación de propietarios, editores y directores de diarios, periódicos y agencias informativas de América considera que la normativa aprobada por el congreso de Ecuador contiene apartados que “serían un retorno a una época oscura para las libertades de expresión y prensa, como la que existió durante la presidencia de Rafael Correa”.

La SIP se pronunció a través de un comunicado y señaló que las reformas a la ley aprobadas en el Congreso contemplan medidas represivas, administrativas y penales contra periodistas y medios de comunicación. Además, recordó que ese tipo de normativa que fue expedida en el gobierno del expresidente de Rafael Correa, le permitió al exmandatario perseguir a los periodistas que cuestionaban al régimen.

Dentro de las actuales reformas que aprobó el congreso se crean entidades que podrían ejercer censura previa sobre los contenidos de los medios de comunicación e incluso criminalizar las opiniones editoriales. A estos entes se los denominó defensorías de audiencias.

Jorge Canahuati Larach, presidente de la SIP y director ejecutivo del Grupo Opsa de Honduras, indicó que como asociación miran con satisfacción que “el presidente Lasso haya comprendido que no puede haber democracia sin libertad de prensa”. Canahuati además recordó que durante el gobierno del ex presidente Lenín Moreno, que suscribió la Declaración de Chapultepec en 2019, se “había limpiado” muchas de las arbitrariedades de la Ley Orgánica de Comunicación, que entró en vigencia en el 2013.

Para la SIP, la “ley mordaza” emitida en el correísmo es considerada “la más aberrante contra la libertad de prensa” en la historia de América Latina.

El director periodístico de La Voz del Interior de Argentina y también presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, dijo estar sorprendido por cómo en poco tiempo, entre la limpieza que se hizo a la ley, ya hay un intento de imponer nuevas restricciones: “Nunca imaginamos que solo tres años después de haberse iniciado el proceso de limpieza de la ‘ley mordaza’ veríamos un nuevo intento por restablecer todo su poder restrictivo contra el periodismo independiente”, aseguró.

Jornet también felicitó la decisión del presidente ecuatoriano de objetar las reformas aprobadas en la Asamblea Nacional.

Ecuador ha estado clasificado como un país con restricciones parciales, según el índice de Chapultepec, que mide el estado de la libertad de prensa en varios países. La SIP recordó que esto se dio, por dos años consecutivos, porque el Ejecutivo “se quedó a medio camino” en la realización de reformas sustanciales y positivas a la Ley de Comunicación.

Para el gobierno de Lasso, el congreso aprobó una ley mordaza

El gobierno de Guillermo Lasso calificó de “mordaza” a la ley de comunicación que fue aprobada por la nueva mayoría legislativa de la Asamblea Nacional afín al correísmo. El presidente del Ecuador manifestó su rechazo al texto y señaló que la ley intenta restringir los derechos humanos a la libertad de expresión e información.

Con 75 votos la Asamblea Nacional acordó en segundo debate la aprobación de la ley de comunicación tras rechazar el informe aprobado por la Comisión de Relaciones Internacionales, que recomendó el debate de una nueva ley.

Este hecho desencadenó molestia en Carondelet que inmediatamente expidió un comunicado informando sobre la posición de rechazo que asume el gobierno nacional frente al intento de la nueva mayoría legislativa de censurar el trabajo de la prensa. El gobierno rechazó el texto aprobado por la legislatura que proviene de un informe de minoría y lo calificó como “una Ley de Comunicación mordaza”.

En un comunicado emitido por la secretaría de prensa de Carondelet, se asegura que “el Gobierno Nacional rechaza enfáticamente la aprobación de una Ley de Comunicación mordaza por la Asamblea Nacional”. Según el Ejecutivo, esa norma “intenta nuevamente restringir el derecho a la libertad de expresión y proporcionar mecanismos de persecución”. El comunicado agrega que “una vez que la ley sea enviada oficialmente al Ejecutivo, el presidente de la República, Guillermo Lasso, en pleno ejercicio de sus facultades constitucionales evaluará las acciones pertinentes para precautelar la democracia”.

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