El régimen de Daniel Ortega ha cerrado más de 800 ONG tan solo en lo que va del 2022, como parte de una “campaña de limpieza” orquestada por las autoridades nicaragüenses para evitar el disenso en el país.
La cifra fue destacada por el secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols. “Solo en el 2022, el régimen Ortega-Murillo canceló más de 800 ONG y confiscó sus bienes, alegando cargos como terrorismo y ‘socavar la soberanía nacional’”, expresó en Twitter.
“El régimen le teme a cualquier cosa que ellos crean que amenaza su poder, aún si beneficia al pueblo de Nicaragua”, agregó el jefe de la diplomacia para América Latina y el Caribe.
El martes, la organización Human Rights Watch informó que 770 entidades fueron cerradas desde junio con el uso de una ley que “socava la libertad de asociación y de expresión”.
La organización defensora de derechos humanos estimó que la comunidad internacional, sobre todo los países latinoamericanos, deberían condenar “este desmantelamiento sistemático de los grupos de la sociedad civil que desempeñan un papel fundamental en un país que no tiene instituciones estatales independientes que actúen como control del Poder Ejecutivo”.
Desde el 6 de junio de 2022 las autoridades nicaragüenses han aprobado leyes y resoluciones que cancelan el registro legal de ONG y fundaciones, obligándolas a cerrar.
El objetivo del régimen es impedirles “exponer los abusos y la incapacidad de las autoridades” para ayudar al pueblo en un país golpeado por huracanes y la pandemia de covid-19, acusó Tamara Taraciuk Broner, directora interina para las Américas de HRW.
Muchos de los cierres se basan en una ley de “agentes extranjeros”, aprobada en octubre de 2020, así como en la Ley General de Regulación y Control de Organizaciones sin Fines de Lucro adoptada en marzo de 2022. Entre las ONG cerradas se incluyen asociaciones médicas y organizaciones que trabajan en protección infantil, derechos de las mujeres y la mitigación del cambio climático.
Nicaragua tiene una de las tasas de pobreza más altas de América Latina y el Caribe. En marzo de 2021, UNICEF estimó que tras los dos huracanes de 2020, alrededor de “1,8 millones de personas, incluidos 720.000 niños, todavía necesitaban ayuda humanitaria, especialmente entre las comunidades indígenas.”
El cierre de las ONG “forma parte de un esfuerzo mucho más amplio para silenciar a los grupos de la sociedad civil y los medios independientes a través de una combinación de tácticas represivas que incluyen legislación abusiva, intimidación, hostigamiento, detención arbitraria y enjuiciamiento de defensores de los derechos humanos y periodistas”, concluye HRW.
En mayo, Washington admitió que existía “comunicación bilateral” con Nicaragua y que continuarían “presionando por la liberación de los presos políticos”. Pese a la tensa relación, Estados Unidos es un importante socio comercial de Managua.
En 2021, antes de las elecciones generales de noviembre donde Ortega fue electo para un cuarto mandato consecutivo, unos 40 opositores fueron detenidos, entre ellos siete de sus posibles rivales. Ortega los acusó de tratar de derrocarlo con el apoyo de Washington, y los procesó por delitos como “menoscabo a la soberanía”.
En tanto, más de un centenar fue a prisión después de las protestas contra su gobierno en 2018.
Washington le ha aplicado sanciones económicas y diplomáticas por sus acciones “autoritarias y antidemocráticas”.
(Con información de AFP)
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