
El gobierno iraní atribuyó a Estados Unidos la autoría del ataque aéreo que afectó múltiples plantas desalinizadoras en la isla de Qeshm, lo que provocó cortes en el suministro de agua potable para más de treinta comunidades en la región sur del país, especialmente aquellas situadas cerca de la costa que da al estrecho de Ormuz. Según reportó el medio, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, calificó el hecho como “un crimen flagrante y desesperado”, agregando que “atacar la infraestructura crítica de Irán es un acto muy peligroso que tendrá graves consecuencias”. Esta afirmación se produjo después de que se confirmara la interrupción completa del servicio hídrico en las localidades afectadas tras el bombardeo sobre la infraestructura civil en Qeshm.
Paralelamente, el aeropuerto de Mehrabad en Irán fue objeto de un ataque aéreo por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel durante el mismo operativo, según consignaron fuentes oficiales israelíes citadas por el medio. La ofensiva israelí destruyó al menos dieciséis aeronaves pertenecientes a la unidad de la Fuerza Quds, la rama de operaciones especiales de la Guardia Revolucionaria iraní. De acuerdo con las autoridades castrenses israelíes, este aeropuerto funcionaba como un centro clave en la logística de armamento y distribución de fondos para las fuerzas aliadas al gobierno iraní en Oriente Medio, haciendo mención especial a las milicias de Hezbolá en el Líbano.
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El Ejército israelí detalló además, según publicó el medio, que el objetivo del bombardeo sobre el aeropuerto era limitar la capacidad de Irán tanto para armarse como para sostener a grupos que consideran terroristas en la región. Según este relato militar, el daño infligido a la infraestructura comprometería de manera significativa la habilidad iraní para facilitar armamento no solo dentro de sus fronteras sino en otros puntos estratégicos de Oriente Medio.
De acuerdo con las informaciones de la fuente, tanto funcionarios iraníes como medios estatales han insistido en caracterizar los bombardeos sobre instalaciones civiles como crímenes que afectan directamente a la población no combatiente. El gobierno de Teherán sostiene que el impacto de la acción sobre las plantas desalinizadoras ha ocasionado graves dificultades en el acceso básico al agua para decenas de miles de personas. Las autoridades iraníes han señalado que la mayoría de los afectados residen en localidades costeras que dependen casi por completo de la producción y suministro de agua desalinizada a partir de las plantas atacadas.
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Por otro lado, las Fuerzas Armadas iraníes continuaron durante toda la mañana con ataques a posiciones en territorio israelí, de acuerdo con la misma fuente. Hasta el momento ninguna de las acciones reportó víctimas de manera oficial en ninguno de los bandos. El gobierno iraní no ocultó su malestar ante lo que interpreta como ataques directos a su infraestructura estratégica, advirtiendo de la posibilidad de respuestas en el futuro próximo debido al deterioro generado en los servicios básicos y en su capacidad de defensa.
Las autoridades israelíes, según reportó el mismo medio, han insistido en que sus operaciones se dirigen únicamente contra objetivos militares y de apoyo logístico relacionados con la proyección de poder de Irán en la región. El mando israelí ha defendido que al neutralizar estos recursos logísticos se reducirían las capacidades del régimen iraní y de sus aliados para lanzar ataques o sostener campañas armadas fuera de su territorio.
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Mientras tanto, el gobierno iraní acusa a Estados Unidos de coordinar y ejecutar los bombardeos sobre Qeshm y responsabiliza a Washington por las consecuencias sobre la población civil, particularmente al dejar sin acceso a agua potable a una treintena de núcleos de población. La declaración del ministro de Exteriores Araqchi reitera que esta acción constituye una violación grave y redobla las críticas a la política estadounidense en la región.
Israel y Estados Unidos mantienen la postura de que las instalaciones bombardeadas desempeñaban un papel crucial en la provisión de medios logísticos y materiales a actores que consideran desestabilizadores en la región. Los incidentes reportados recientemente profundizan la tensión entre los gobiernos implicados, generando nuevas interrogantes sobre los pasos que adoptarán las partes a medida que evolucionen los acontecimientos y se evidencien las consecuencias humanitarias en la zona afectada.
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