El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) reportó este lunes más de un centenar de acciones represivas en el marco del primer aniversario de las protestas del #11J en Cuba, en un reporte parcial de la jornada hasta el mediodía (hora local).
Según informó la organización, la policía política del régimen “ha desplegado un fuerte operativo a nivel nacional con el fin de impedir que los ciudadanos recuerden de manera pública el primer aniversario del 11J”.
Entre las 105 acciones represivas se incluyen detenciones arbitrarias y retenciones en las viviendas, así como citaciones policiales, amenazas y cortes del servicio de telefonía e internet.
La dictadura castrista tiene en la mira a los familiares de los prisioneros políticos y de conciencia, que están siendo amenazados para evitar que salgan a la calle u organicen concentraciones.
El Observatorio también apuntó que entre los detenidos está el opositor Guillermo Fariñas, el Premio Sajarov de la Unión Europea, quien fue arrestado desde el pasado viernes 8, y a cuyos familiares se les continúa impidiendo comunicarse con él.
En Cuba actualmente hay 953 prisioneros políticos y de conciencia. Durante el primer semestre de 2022, el OCDH documentó al menos 2.977 acciones represivas, de ellas 719 detenciones arbitrarias y 636 retenciones ilegales en viviendas.
Reporte de Human Rights Watch
La ONG Human Rights Watch denunció este lunes un “plan” del gobierno de Cuba para impedir manifestaciones, castigar a quienes participen e “infundir temor” para evitar nuevas protestas contra el régimen, en un informe donde documenta 155 casos de abusos a raíz de las protestas de hace un año.
El informe “Prisión o Exilio” analiza las consecuencias de las masivas manifestaciones pacíficas del 11 de julio de 2021 en la isla para protestar contra las violaciones de los derechos humanos, la escasez de comida y medicamentos y la respuesta del gobierno ante la pandemia de covid-19.
La ONG da cuenta de un “gran número de violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de las protestas, que incluyen intimidaciones, detenciones arbitrarias, procesos penales abusivos, golpizas y otros casos de maltrato, que en algunos casos constituyen tortura”, documentando 155 casos de abusos.
“Comprobamos que estas violaciones contienen patrones que sugieren claramente la existencia de un plan para impedir que las personas protesten, castigar a quienes lo hagan, e infundir temor para evitar nuevas manifestaciones masivas contra el régimen”.
Simultáneamente, concluye el informe, las autoridades cubanas han adoptado medidas para desmantelar el limitado espacio cívico que permitió que estas protestas ocurrieran.
(Con información de AFP)
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