Una isla con puerto deportivo y lotes inmobiliarios: el proyecto que aprobó el gobierno uruguayo

El Poder Ejecutivo uruguayo aprobó un proyecto para una isla de 36 hectáreas a 450 metros de la rambla de Montevideo, con un puerto deportivo para 300 embarcaciones y 36 lotes inmobiliarios. La iniciativa ya cuenta con el visto bueno del presidente Luis Lacalle Pou y el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero.

Se trata de un proyecto inmobiliario presentado por la empresa Jirkel SA y nombrado como Proyecto mvd360: una inversión de aproximadamente US$ 2.000 millones y de “sumo interés” porque “contribuiría a la jerarquización de la ciudad en general y de la rambla montevideana en particular, así como amplía la oferta portuaria de la ciudad conectándola aún más con la región”, indica el decreto.

Según se informó, el plan ampliaría la rambla unos tres kilómetros y se construiría un puente de 450 metros para acceder en auto a la isla. El proyecto fue presentado al Ministerio de Transporte y Obras Públicas a fines de 2021 y, en marzo de este año, pasó a Presidencia, informó el diario El Observador.

La iniciativa contaría con 300 amarres de embarcaciones, 36 lotes inmobiliarios y su construcción tomaría cuatro años en la etapa inicial y 10 para finalizarse. Además, en este proceso se crearían 4.500 puestos de trabajo. El 54% de la construcción sería cedido después a la Administración Nacional de Puertos (ANP) o la Intendencia de Montevideo (IM), según informó Búsqueda.

Tras haber sido aceptado por el Poder Ejecutivo el 9 de mayo, ahora comienza la etapa de estudio de factibilidad. Una vez superada esa etapa, habría un llamado a leasing en el cual la empresa Jirkel tendría una ventaja de entre 5% y 20% respecto a los demás interesados.

Hasta el momento no se ha evaluado el impacto ambiental que tendría la puesta a cabo de esta iniciativa y tampoco se presentó la documentación formal ante la Intendencia de Montevideo.

La aprobación, con la firma del presidente, se apoya en los artículos 19 y 20 de la Ley de Reactivación Económica de la Industria de la Construcción (Nª 17.555), una normativa sobre incentivos para la construcción que habilita al Estado a recibir iniciativas susceptibles de ser ejecutadas, entre otras cosas.

“Es una más de las superinversiones que aparecen de la nada, y todo indica que esta, tal como apareció, desaparece. Te diría que esa gente no son inversionistas, sino que lo que buscan son inversionistas. Ellos consiguen el permiso del Estado uruguayo para construir esta locura, pero no tienen los 2.000 millones de dólares, y con el permiso se van a buscar quién puede invertir eso, porque tienen un Estado amigo que los banca. Es especulación inmobiliaria, de la más complicada que hay”, dijo el sociólogo Tejo Mattioli a Brecha.

Según se supo, la empresa promotora tiene un año de antigüedad y es una sociedad anónima compuesta por más de 10 empresas de distintos rubros.

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