En un nuevo capítulo del caso judicial uruguayo por abuso sexual más polémico de los últimos años conocido como Operación Océano, la fiscal del caso, Mariana Alfaro, describe una serie de acusaciones en contra de once imputados y estas van desde prácticas sadomasoquistas hasta la utilización de un látigo contra víctimas menores de edad.
Desde 2019 se investigó a 33 personas por denuncias de abuso sexual conectadas entre sí que finalmente terminaron desplegando una red de 20 víctimas en los meses siguientes, siendo uno de los mayores procesos judiciales del Uruguay.
Ahora, el fiscal de Corte, Juan Gómez, afirmó que de esas 33 hay 20 que verán su situación resuelta en el Poder Judicial debido a que recibirán condenas o tramitarán un juicio oral y público como es el caso de los once imputados. Con respecto a las otras trece personas a las que se investigó, Gómez dijo que no se encontraron evidencias suficientes como para llevar a cabo un juicio oral y fueron sobreseídas.
Según informó El País, la acusación de la fiscal Alfaro incluye relatos como que en el año 2015 uno de los hombres imputados se contactó a través de Tinder con una chica de 15 años y le ofreció dinero a cambio actos sexuales que incluían actos de sadomasoquismo. “Las prácticas que realizaba el imputado respecto de la víctima consistían en apretarle el cuerpo al punto de asfixiarla, darle fustazos en los genitales, así como en todo el cuerpo. Para esas prácticas utilizaba látigos, vibradores, fustas, juguetes sexuales”, según la acusación.
Otra de las acusaciones contra otro imputado menciona que el hombre creó un grupo de Whatsapp llamado “el tío y las sobrinitas” con dos adolescentes y se concretaron encuentros para mantener relaciones sexuales por allí.
Además, otro de los hombres habría mantenido un vínculo con una joven de 16 años que vivía en un hogar de amparo del INAU (Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay).
En esa acusación la fiscal asegura que el hombre mantuvo relaciones con la menor durante tres días, le dio $500 (USD 10) y la dejó en una plaza.
Uno de los once imputados atravesará un juicio por difundir material pornográfico que incluyen imágenes de personas menores de edad, además de haber protagonizado casos de explotación sexual de adolescentes, según indica el documento de la acusación.
La fiscal pidió penas de entre tres y seis años para todos los acusados. La mayoría de los imputados enfrentarán penas largas por varias haber mantenido contactos sexuales con más de una menor de edad y además por haber incurrido en más de un delito.
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