Un tribunal de Paraguay condenó a 27 años de prisión a un pastor evangélico acusado de abusar de 10 niñas de la comunidad indígena aché, en el departamento de Alto Paraná (sur).
La decisión por unanimidad de tres jueces de un Tribunal de Sentencia de Ciudad del Este, la capital de ese departamento, fue anunciada el viernes por la noche y recogida este sábado por medios locales.
Según el Ministerio Público, el acusado, identificado como Ramón Denis Torres, ya había sido condenado a 4 años y 8 meses de prisión por abuso sexual en niños.
La Fiscalía detalló que las agresiones sexuales a las niñas comenzaron en octubre de 2019.
La dirección de Derechos Étnicos del Ministerio Público advirtió que en este caso se verificó la “triple vulnerabilidad” de las víctimas, como mujeres, niñas e indígenas.
Además, las afectadas refirieron durante el alegato final que sufrieron “consecuencias físicas y psicológicas sumamente graves”, detalló una nota difundida por la Fiscalía en sus redes sociales.
En declaraciones al noticiero del canal Telefuturo, el fiscal José Silguero destacó que el tribunal concedió “de manera favorable la solicitud del Ministerio Público”.
Indicó que, en atención a las pruebas presentadas, “se ha podido demostrar la existencia y la comisión” del hecho punible de abuso sexual a diez niñas de esa etnia indígena.
En los alegatos finales, según el diario local ABC Color, tanto el fiscal Silguero como la abogada querellante Noelia Núñez también enfatizaron que el acusado no mostró arrepentimiento ni pidió perdón a las víctimas y, en cambio, culpó a los padres de las víctimas por la “mala educación” a sus hijas porque ellas habían revelado los abusos.
“Lo único que se puede decir es que esto nos da un viento, una fuerza para seguir apostando de que la justicia sí existe. Que las víctimas de violencia sexual tengan la suficiente capacidad de denunciar, porque se les va a escuchar, y que no se callen”, declaró la abogada querellante Noelia Núñez.
El pasado 9 de mayo, el defensor del pueblo de Paraguay, Miguel Godoy, advirtió a EFE sobre el riesgo de que el proceso prescribiera, al denunciar que una audiencia oral y pública como parte del proceso había sido suspendida en siete ocasiones. El funcionario explicó entonces que el caso data de hace dos años e involucra a menores de entre 8 y 12 años de edad.
Con información de EFE
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