Un proceso judicial estadounidense reveló nuevos elementos sobre el entramado de corrupción dentro de Petroecuador, la empresa pública ecuatoriana cuyos funcionarios habrían aceptado sobornos para conceder contratos para la venta del crudo ecuatoriano. Los nombres de los hermanos Antonio y Enrique Pere Ycaza aparecieron en la Corte del Distrito Este de Nueva York. Antonio Pere se declaró culpable los delitos de lavado de dinero y violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. El tribunal estadounidense notificó su condena y ordenó el decomiso de sus bienes que estarían valorados en más de USD 45, 8 millones.
Que Pere haya aceptado los cargos que se le imputan confirma lo que los medios de comunicación como Expreso y Periodismo de Investigación ya alertaron en Ecuador: hubo una trama de sobornos a funcionarios ecuatorianos entre 2011 y 2019, durante los gobiernos de Rafael Correa y de su sucesor Lenín Moreno. Pere usó empresas y cuentas bancarias estadounidenses para sobornar a funcionarios de Petroecuador a favor de dos empresas, identificadas como “empresa comercial 1 y 2″ y para Asphalt Company.
Según ha publicado diario Expreso, que ha realizado el seguimiento al caso, Antonio y Enrique Pere Ycaza junto a la “empresa comercial 1″ decidieron sobornar a funcionarios ecuatorianos para poder beneficiarse “del contrato que Petroecuador firmó con una entidad de propiedad estatal en Asia, cuyo nombre no se revela, pero Estados Unidos asegura conocerlo. Alrededor de junio de 2011, la empresa comercial 1 acuerda con la estatal asiática asumir el riesgo y mantener el producto adquirido bajo cualquier contrato con Petroecuador para la compra de petróleo. Para el pago de sobornos y encubrir el esquema, Enrique Pere firmó un acuerdo de consultoría con la empresa 1 en el que esta acuerda pagar a la consultora una comisión por barril ecuatoriano que la empresa compre a la estatal asiática a través del contrato con Petroecuador. Un esquema similar se utilizó para beneficiar a la empresa 2, solo que en este caso se lo hizo a través de un contrato entre la petrolera ecuatoriana y una compañía estatal de Medio Oriente, cuyo nombre no se revela, pero Estados Unidos asegura conocerlo”.
Tres funcionarios habrían recibido sobornos de Pere, aunque en los registros del proceso judicial estadounidense estos se han identificado como “oficial ecuatoriano 1, 2 y 3″, Fernando Villavicencio, legislador ecuatoriano que ha investigado los casos de Alex Saab y de Petrochina, confirmó a Infobae que uno de los funcionarios sería Nilsen Arias, exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador entre el 2010 y 2017. El nombre de Arias también está incluido en el caso de Vitol Inc., que también se investiga en Estados Unidos.
En el caso de Vitol Inc., el Departamento de Justicia estadounidense indica que los “consultores 1 y 2″ –uno de ellos Nilsen Arias– recibirían de Vitol una comisión por cada barril de fuel oil que obtuviesen del contrato con Petroecuador. Los “consultores” a su vez “utilizarían parte de esos fondos para pagar sobornos a funcionarios ecuatorianos a nombre de Vitol”, según recoge el portal Periodismo de Investigación.
Arias habría ayudado a que se contraten consultorías falsas, a que se creen empresas fantasmas y a que se emitan facturas ficticias para transferir fondos a empresas offshore involucradas en la conspiración de Vitol y los “consultores”.
Villavicencio aseguró a Infobae que en 2017 ya denunció ante la Fiscalía General del Estado a los hermanos Pere Ycaza “como los principales lobbistas en la trama de corrupción de Petrochina, Unipec y Omán Trading International (OTI)”. Sin embargo, dice el legislador, la justicia ecuatoriana no ha arrojado resultados a diferencia de lo que sí ha hecho el sistema judicial estadounidense.
Para Villavicencio es momento que, con las evidencias y las declaraciones que se han dado en los tribunales estadounidenses, la justicia ecuatoriana llame a juicio a los implicados en la trama de corrupción “liderada por Rafael Correa, Jorge Glas, Nilsen Arias y otros”.
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