El Centro para una Cuba Libre (CCL) exhortó a la comunidad internacional a interceder con fuerza en favor de los niños y adolescentes cubanos que son “blanco de la represión y el hostigamiento del régimen castrista”.
“Es inaceptable que el mundo siga en silencio ante este atropello”, indicó la organización con sede en Washington en un comunicado que se conoce en respuesta a un reciente informe del Gobierno cubano en el que se dice que 82 menores de edad han sido investigados en relación con las protestas antigubernamentales del año 2021.
“El régimen castrista fusiló y encarceló a adolescentes desde sus inicios. Los juicios contra menores en Cuba demuestran la continuidad de métodos represivos desmedidos y brutales”, agrega el comunicado.
El documento recuerda una comunicación enviada por la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) fechada el 22 de octubre de 1964 y dirigida al entonces Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Raúl Roa García.
En esa comunicación se interpela a Roa García por los casos de menores que han sido condenados por los tribunales cubanos “sin consideración alguna a la edad de aquellos y a su inmadurez física y mental”, incluso algunos a la pena de muerte, y por los ingresados en prisiones de adultos.
El documento recuerda la pena de muerte por fusilamiento que recibieron en 1964 los menores de 16 años Rubén Acosta y Justo García, juzgados en la provincia de Matanzas bajo la acusación de sabotaje contra plantaciones de caña de azúcar.
La lista de menores encarcelados puede ser mayor
Según el Centro para una Cuba Libre, “esta realidad agrava los hechos actuales y la circunstancia en la que se encuentran los adolescentes cubanos juzgados sin garantías procesales, con impunidad y como medida drástica para aumentar el terror en el pueblo de Cuba”.
La organización de derechos humanos advierte que “la lista de adolescentes encarcelados y condenados en Cuba actualmente, como en el pasado, es parcial porque se desconoce un gran número de casos pues las familias tienen miedo de denunciarlos”.
Según un comunicado divulgado por la Fiscalía General de Cuba el 25 de enero, la acusación pública recibió 117 expedientes de fase preparatoria sobre los hechos “de mayor connotación”, con 790 personas instruidas “por actos vandálicos, que atentaron contra autoridades, personas y bienes, así como graves alteraciones del orden” en las protestas iniciadas el 11 de julio pasado.
Entre los investigados, añadió, se cuentan 55 adolescentes de entre 16 y 18 años, de los que 28 están en prisión provisional. La edad mínima penal en Cuba es de 16 años y el código penal prevé la posibilidad de reducir a la mitad de las penas para los menores de edad condenados.
Pero estos no son todos los menores. Porque hay otros 27 niños de menos de 16 años que supuestamente participaron en las protestas y que, como “no son sujetos del derecho penal”, no van a juicio, pero se les aplica “el procedimiento legal establecido”.
(Con información de EFE)
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