
El gobierno de Sebastián Piñera se basa en el “beneficio” que traerá al país en materia económica. Según se ha conocido, entre las cinco empresas que pujan por adjudicarse la licitación, la suma en dinero, supera los USD 200 millones. En el proceso iniciado en octubre de 2020, postularon 70 interesados, los que compraron bases de licitación, de ellos ocho llegaron a la etapa técnica, tres fueron descalificados, y cinco finalmente presentaron ofertas económicas.
Con este antecedente, el Gobierno chileno no bajó los brazos en su plan de licitar. Entre los posibles beneficiarios hay dos actores globales, un grupo chino y dos empresas del grupo Errázuriz (único con intereses nacionales). El objetivo de producir 400 mil toneladas de litio metálico comercializable, divididas en cinco cuotas de 80 mil toneladas cada una. La adjudicación se haría efectiva el próximo 14 de enero.
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Las diferencias que despierta el proceso no solo se generan por la poca competitividad de que cinco empresas se estén peleando la misma cantidad de cuotas, sino que va más allá, se tornó a un problema político y judicial.
La polémica estalló cuando voceros del gobierno entrante, reclamaron y solicitaron que se suspenda el proceso. ¿El objetivo? que se resuelva luego del 11 de marzo cuando asuma la administración de Gabriel Boric y desarrollar mayor análisis y proyección de los beneficios para el país.
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En Infobae conversamos con voces entendidas, ex ministros que participaron de los primeros trámites de licitación del recurso natural. Uno de ellos Sergio Bitar, exministro de Minería (1973), de Educación (2003-2005) y de Obras Públicas (2008-2010), quien hizo un análisis de por qué, a su juicio, no es prudente que un gobierno saliente licite algo tan importante. “La oportunidad es mala, un gobierno que termina no posee la confianza ciudadana para tocar un sector que despierta desconfianza en acuerdos con empresas privadas. Además, hay poco conocimiento de los aspectos técnicos y excesivas expectativas respecto de las oportunidades de futuro”.
Añade que “tiene que tomar más tiempo, explicar mejor para evitar interpretaciones de aprovechamiento por parte de un gobierno que se va, y que tiene muchos nexos con grandes empresas extranjeras. Lamentablemente no es una materia que deba contar con Ley ni aprobación del Congreso. Es una facultad administrativa de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y por lo tanto depende del Presidente”, advierte.
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En el mismo sentido, Eduardo Britrán, exvicepresidente de la CORFO (2014-2018) y también exministro de Obras Públicas (2006 - 2008), plantea a Infobae que: “Lo prudente es que el Gobierno actual negocie con el gobierno electo la adjudicación a las mejores ofertas que no presenten problemas. Chile tiene que evitar seguir perdiendo participación en el mercado del Litio”, advierte.

Otro consultado es Francisco Vidal, exministro secretario general de Gobierno (2003-2005 y 2007-2009) y de Defensa (2009-2010). Según Vidal, es clave la negociación que resuelva el actual gobierno con el entrante. Según su lógica, la tarea le corresponde al gobierno entrante. “Las conversaciones que está teniendo el Gobierno de Piñera con los asesores de Boric es lo que se debe hacer y que estaría muy bien que lleguen al acuerdo que el mandato entrante termine con este proceso”, declara.
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Desde el pasado miércoles, el ministro de Energía y Minería de Sebastián Piñera, Juan Carlos Jobet, mantiene reuniones con los asesores de Gabriel Boric. El jefe de la cartera, se ha mostrado abierto a “evaluar la situación” con el fin de profundizar en las acciones que se buscan concretar desde La Moneda y clarificar los alcances de esta licitación.
Desde el Gobierno se han defendido de los cuestionamientos, asegurando que esta subasta permitirá que nuevos actores entren a la industria del litio para volver a Chile un competidor más relevante en el escenario internacional, aludiendo también a los problemas legales en los que podría incurrir el país si es que se detiene el proceso. “En 2016 éramos el mayor productor del mundo con 37%, hoy caímos al 31% y sin nuevos proyectos al 2030 estaremos en 17%”, subraya el ministro Jobet.
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¿Cómo será el negocio?
Según el ministro Jobet, la licitación invita a empresas como socias del Estado chileno a invertir y explotar litio. El Estado va a captar más del 50% del valor del recurso sin invertir, es decir USD1.000 millones al año durante la producción y más de USD 200 millones al adjudicar. “Con esta licitación van a entrar nuevos actores a una industria donde hace 27 años son los mismos dos (SQM y Albermarle), y no impide la creación de una empresa nacional del litio”. Ello, afirmó, porque las cinco cuotas que se están licitando corresponden solo al “4,4% de las reservas conocidas de Chile. Para aprovechar esta oportunidad necesitamos trabajar juntos y con una mirada de largo plazo”, indicó.
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El consultado ex ministro Eduardo Bitrán, también ex miembro de la CORFO señala que “si se excluye el Salar de Atacama de las áreas de exploración, dado la necesidad de abordar los desafíos de restablecer los balances hídricos de las actuales operaciones y estos permisos se usan para explorar en otros salares, las regalías y pagos comprometidos son adecuados”. Un punto a favor de la postura del gobierno, si es que existe voluntad de velar por los recursos hídricos.
Por su parte, Bitar, enfatiza en que “es posible mejorar las condiciones de las licitaciones con tres objetivos: primero, aclarar cuánto puede obtener Chile de los excedentes generados en las ventas de carbonato de litio y en los aumentos de los precios; segundo, cuánto puede Chile lograr si tiene una mayor capacidad nacional en ciencia y tecnología de manera de producir mayor valor agregado a partir del litio o lograr producción de litio puro a un precio mayor, o entrar en negocios de baterías; tercero, si hay otras formas institucionales, por ejemplo la creación de una empresa pública nacional que pueda asociarse con privados, apoyar el desarrollo de una mayor capacidad nacional de conocimiento del sector”, relata.
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Bitar también agrega un punto, que para los más críticos, es clave. “Todo lo anterior que de acuerdo a la Constitución de 1980, impuesta por la dictadura, el litio no es concesionable a privados. Solo puede ser explotado por el Estado. Lo que está licitándose ahora son terrenos y depósitos que estaban en poder de el Estado, a través de la CORFO, antes de la Constitución de 1980″, destaca.
Francisco Vidal, el llamado “profesor”, agrega además que a su juicio, “hay que crear una Corporación Nacional del Cobre (actual Codelco), pero de litio”. Coincide, además, con Sergio Bitar, en que hay que sacar más partido en la investigación en ciencia y tecnología, con el fin de explotar el litio en, por ejemplo, baterías, imaginando el futuro de la electro movilidad y las ganancias que la industria generará. “Sería muy provechoso para el país”, reclaca.
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En los próximos días se sabrá la respuesta final sobre si hubo acuerdos o no entre el actual gobierno con el entrante. La licitación del litio tendría que zanjarse y definirse el 14 de enero, a pocos días del cambio de mando, con un contrato que amarraría la explotación del recurso por 30 años. Para muchos, es mejor esperar, para los más apurados, en este caso el actual gobierno chileno, es mejor dejar de ganar.
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