La CIDH otorgó medidas cautelares a la líder de las “víctimas de abril” en Nicaragua

La decisión a favor de Karla Ñamendi es porque el organismo consideró que afronta “una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Karla Ñamendi, presidenta de la Organización Víctima de Abril (OVA) en Nicaragua, y a su núcleo familiar, tras considerar que afrontan “una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”.

La decisión, emitida el pasado 22 de julio y anunciada este viernes, cobija además a Esperanza del Carmen Mendoza Amador, Raquel de los Ángeles Ñamendi Mendoza, C.A.G.Ñ. y A.A.G.Ñ., según un comunicado difundido en Washington.

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La CIDH tomó la decisión teniendo “en cuenta la situación actual por la que atraviesa Nicaragua” y en respuesta a una solicitud, según la cual Ñamendi “estaría siendo objeto de amenazas, hostigamientos y actos de violencia por parte de autoridades estatales y paraestatales a raíz de su labor de oposición al actual Gobierno”.

El organismo detalló que la información disponible refleja que las amenazas e intimidaciones buscan que Ñamendi “limite su labor de oposición”.

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Además, advirtió que los eventos de riesgo contra las personas beneficiadas “han demostrado un carácter continuado en el tiempo, incrementándose en intensidad y frecuencia de forma reciente”.

Según la Comisión, la casa de la activista fue pintada el pasado 18 de abril, en el tercer aniversario de las protestas en ese país, con la palabra “plomo” -lo que representaría “una amenaza de muerte”- y el 3 mayo fue blanco de botellas plásticas y piedras al parecer arrojadas por agentes policiales y paraestatales.

Ñamendi “habría sido rodeada por policías y advertida en tono amenazante que no volviera a participar de protestas” el pasado 2 de junio, y el 24 de ese mes fue agredida al salir de su casa por una persona simpatizante del Ejecutivo, relató la nota.

Daniel Ortega (EFE/Jorge Torres/Archivo)
Daniel Ortega (EFE/Jorge Torres/Archivo)

La Comisión solicitó a Nicaragua adoptar “las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal” de Ñamendi y sus parientes, las cuales deberá coordinar con los beneficiarios.

El pasado 2 de julio, Ñamendi dijo a Efe que teme “ir a la cárcel” ante la ola de arrestos contra dirigentes opositores que se vive en Nicaragua en los meses previos a las elecciones generales de noviembre.

La activista ya estuvo presa entre agosto y noviembre de 2018 tras participar en manifestaciones antigubernamentales.

Madres de estudiantes nicaragüenses arrestados clamaron presión internacional

Las madres de dos líderes estudiantiles arrestados en el marco del proceso electoral de Nicaragua informaron este miércoles que solicitaron a la comunidad internacional mayor presión hacia el régimen que preside el sandinista Daniel Ortega, para que libere a sus hijos, investigados por supuesta traición a la patria.

Hemos tenido reuniones con la comunidad internacional. Hemos pedido sobretodo eso, que busquen otro mecanismo de presión, porque vemos que (Ortega) de las sanciones (contra sus familiares y altos cargos) se burla”, dijo en rueda de prensa Heydi Meza, madre del líder estudiantil Max Jerez.

A juicio de Meza, al mandatario “le importa un comino la situación económica de Nicaragua”, porque “él está lleno de dinero, porque él es el que tiene al país en crisis”.

Tanto Jerez, dirigente de la opositora Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), como Lesther Alemán, el estudiante que increpó a Ortega durante el inicio de un fallido diálogo nacional hace tres años, fueron encarcelados hace dos semanas.

La Policía Nacional, que dirige Francisco Díaz, un consuegro de Ortega, acusa a los jóvenes de ser los “cabecillas de tomas y destrucción” de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), “donde cometieron delitos de robo con intimidación (asaltos), secuestros, lesiones graves, violaciones, extorsiones, destrucción y daños múltiples, durante el fallido intento de golpe de Estado” en el 2018, que es a como el Ejecutivo califica una revuelta popular por unas reformas a la seguridad social.

Ambos son investigados también por “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación” de Nicaragua, el mismo delito citado por la Policía Nacional para detener a una veintena de dirigentes opositores, incluido seis aspirantes a la Presidencia.

(Con información de EFE)

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