El secretario general de la OEA, Luis Almagro, expresó este martes que comparte las preocupaciones por la situación política en Bolivia, a raíz de la detención de la ex presidente interina, Jeanine Áñez, acusada de sedición y terrorismo.
El titular de la Organización de Estados Americanos difundió a través de su cuenta de Twitter los pronunciamientos de José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de la ONG Human Rights Watch, y del Instituto Casla (Centro de Estudios para América Latina), que alertaron sobre posibles violaciones al debido proceso.
El Instituto Casla, con base en Europa, indicó que el arresto de Áñez se trata de una “intimidación y persecución”, “sin garantías procesales, el derecho a la defensa y presunción de Inocencia”.
El informe añadió que “el gobierno de Luis Arce esta utilizando una falsa y peligrosa narrativa que le permite perseguir a sus opositores” y desestimó la postura de que la salida de Evo Morales del poder en 2019 se haya tratado de un “golpe de Estado”.
“El Instituto CASLA hace un llamado al gobierno de Luis Arce para que cese la persecución, acoso e intimidación contra ciudadanos que están siendo perseguidos y judicializados sin garantías constitucionales, violando el derecho a la presunción de la inocencia, el debido proceso y el derecho a la defensa”, instó.
Por su parte, Vivanco se había pronunciado el viernes sobre las órdenes de aprehensión que pesaban sobre Áñez y sus ministros antes de las detenciones. Según sostuvo, las medidas “no contienen ninguna evidencia de que hayan cometido el delito de terrorismo”, por lo que “generan fundadas dudas de que se trata de un proceso basado en móviles políticos”.
Vivanco también recordó que HRW pidió en 2020 que se retiren los cargos presentados contra el ex presidente Evo Morales por el mismo motivo. “Cualquier delito grave, incluyendo la conspiración para cometer un golpe de estado, exige una investigación seria e independiente que respete el debido proceso y lleve a los responsables a la justicia”, indicó.
Cuando fue detenida, Áñez pidió a la OEA y a la Unión Europea que envíen misiones internacionales de observadores para verificar el debido proceso. Por el momento, Almagro no dio señales de avances en ese sentido.
La orden de la fiscalía partió de una denuncia presentada en diciembre por Lidia Patty, ex legisladora del partido gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS, izquierda). En su denuncia, Patty sostuvo que el líder civil de la región de Santa Cruz (este), Luis Fernando Camacho, Áñez, varios ex ministros, ex militares, ex policías y civiles, habían promovido el derrocamiento de Morales en noviembre de 2019, tras 14 años en el poder.
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