El Gobierno interino de Bolivia presentó una denuncia en el Tribunal Penal Internacional (TPI) contra el ex presidente Evo Morales por delitos de lesa humanidad asociados a los bloqueos impuestos en las carreteras en agosto, que según las autoridades habrían impedido el paso de oxígeno para enfermos de COVID-19 y provocado hasta 40 muertes.
Las discrepancias por la fecha de celebración de las elecciones generales derivaron en doce días de bloqueos en numerosas carreteras, atribuidos en su mayoría a seguidores de Morales.
El Ejecutivo de Jeanine Áñez sostiene que todo fue obra de una organización “criminal” en cuya cabeza sitúa al anterior mandatario.
Así, Morales está acusado de planificar estos “actos inhumanos”, por los que también han sido señalados Juan Carlos Huarachi, directivo de la Central Obrera Bolivia (COB), y Leonardo Loza, líder cocalero del Chapare, según la agencia de noticias oficial ABI.
El procurador José María Cabrera ha encabezado la delegación que ha viajado a La Haya para presentar formalmente la petición a la oficina de la Fiscalía del TPI.
A la salida, Cabrera justificó que el caso no puede asumirlo la Justicia boliviana porque el Código Penal no contempla los delitos de lesa Humanidad y hay jueces vinculados al Movimiento Al Socialismo (MAS) de Morales.
MORALES DICE “DEFENDER LA DEMOCRACIA”
Por su parte, Áñez ha destacado en su cuenta de Twitter que “la impunidad no puede prevalecer” en este caso, asegurando que “el cerco a las ciudades que causó más de 40 fallecidos por falta de oxígeno medicinal” y justificando así el paso dado ante la corte internacional.
También Morales ha respondido a través de las redes sociales, para recriminar la medida a un “gobierno de facto” que ya habría sido denunciado por organizaciones internacionales “por masacres y violaciones Derechos Humanos”.
“Ahora nos demanda a mí y a algunos líderes del pueblo ante (el) TPI por defender la democracia”, ha criticado.
(Con información de Europa Press)
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