Las muertes en los presidios de Río de Janeiro aumentaron un 33 % en los dos últimos meses, en relación con el año pasado, donde al menos medio centenar de reos fallecieron en plena crisis de la pandemia, según informó este miércoles la Defensoría Pública regional.
Entre el 11 de marzo y el 15 de mayo, durante la cuarentena decretada en las penitenciarías por el coronavirus, han muerto 48 presos, el mayor número de óbitos registrados en las cárceles fluminenses en los últimos seis años.
De acuerdo con la entidad, el aumento de las muertes en el sistema penitenciario de Río durante este período “puede ser una consecuencia del COVID-19”.
Desde el comienzo de la pandemia, la Secretaría de Administración Penitenciaria (Seap) ha confirmado la muerte de al menos cuatro reos por COVID-19, pero la Defensoría no confía en la transparencia de la Seap por lo que presentó un recurso para acceder a los reportes de salud de los presos y tener información actualizada sobre los avances del virus en las cárceles.
Según la entidad, además de las sospechas de que el incremento de muertes se deben al COVID-19, hay registros de fallecimientos por insuficiencia respiratoria en algunos presidios.
“En situaciones normales, ya tenemos una alta tasa de muertes en el sistema penitenciario de Río de Janeiro como resultado del problema de salud que atañe a casi todas las unidades penitenciarias”, aseguró Emanuel Queiroz, coordinador de Defensa Criminal de la Defensoría Pública de Río de Janeiro.
“La situación que ya era grave en tiempos normales, empeoró en tiempos extraordinarios como el que se vive hoy”, agregó Queiroz, citado en un comunicado. Río de Janeiro tiene en la actualidad 49.000 presos, de los cuales, al menos 800 están en el grupo de riesgo por tener más de sesenta años.
Por la pandemia, el Gobierno de Río determinó la suspensión de visitas en unidades penitenciarias y autorizó la salida de 2.200 presos que estaban en régimen semiabierto.
La suspensión de las visitas a los presos en las cárceles también fue adoptada por otros gobiernos regionales y por el Gobierno nacional a fin de evitar la propagación del virus en una población penal calculada en unas 800.000 personas, en su mayoría hacinadas en lugares poco adecuados.
El sistema penitenciario brasileño, considerado uno de los peores del mundo, tiene un déficit cercano a las 350.000 plazas, lo que desde hace años ha agravado gradualmente el hacinamiento en unos penales en los que, además, la atención sanitaria es precaria, según coinciden los organismos de derechos humanos.
(Con información de EFE)
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