En un inesperado llamado, el líder del Comité Cívico de Santa Cruz Luis Fernando Camacho, que propició la caída de Morales del poder, planteó este lunes que las elecciones en Bolivia sean el 19 de enero próximo, y dió un plazo “hasta este jueves” para formar un tribunal que las convoque.
Camacho pidió respetar la Constitución y la decisión de los cabildos ciudadanos de “tener un proceso eleccionario hasta el 19 de enero de 2020 (...), dando un plazo hasta el jueves para que podamos tener todos un tribunal electoral que refleje el sentimiento del pueblo boliviano”.
“Necesitamos garantizar al pueblo boliviano un proceso eleccionario limpio y transparente, pero sobre todo, inmediato (..), el 19 de enero”, señaló.
Camacho explicó que la propuesta surgió tras lograr consensos junto con la Central Obrera Boliviana, la Asociación de Productores de Coca de La Paz y los grupos interculturales y destacó la importancia que todos los bolivianos participen de elecciones transparentes. “Yo no voy a volver a Santa Cruz hasta que tengamos la bandera blanca”, manifestó.
La demanda de Camacho y otros líderes civiles coincide con las gestiones que hace la Iglesia católica para acercar posiciones entre los partidos políticos y actores sociales para convocar a nuevas elecciones, luego de que las realizadas en octubre fueran anuladas por “graves irregularidades” detectadas por la OEA y que favorecieron el triunfo de Morales.
Mientras, un vocero de la Iglesia católica dijo que la reunión multipartidaria que comenzó a debatir el lunes el llamado a un nuevo proceso electoral había logrado avances.
“Creo que hay voluntad para avanzar, creo que hay acuerdos que se están plasmando”, declaró monseñor Eugenio Scarpellini, miembro de la Conferencia Episcopal, al canal CNN.
El gobierno de Áñez debe ponerse de acuerdo con el Movimiento Al Socialismo (MAS, de Morales), mayoritario en el Congreso, para elegir a seis de los siete titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y convocar la votación. Los anteriores miembros de esa institución están en prisión preventiva por irregularidades en las presidenciales de octubre.
Pero si fracasaran las negociaciones con la oposición el gobierno estudia la posibilidad de convocar “de manera inmediata” a elecciones “a través de algún otro instrumento legal”, dijo el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano.
Ese mecanismo sería “una ley (para) una convocatoria inmediata al proceso electoral”, como propuso el ex candidato presidencial Carlos Mesa, “cumpliendo rigurosamente el artículo 169 de la Constitución”, que establece un plazo máximo de 90 días.
Este tipo de convocatoria ya se usó en 2005 cuando el mismo Mesa renunció a la presidencia -que también ocupaba interinamente tras renuncia del titular Gonzalo Sánchez de Lozada- luego de un consenso político.
El ministro de Gobierno (interior), Arturo Murillo, inyectó más tensión a la situación general este lunes al denunciar, sin aportar pruebas, que “un grupo criminal quiere atentar contra la presidenta” Áñez, quien, dijo, tuvo que abortar un viaje al interior del país.
“Está en peligro su vida”. “Hay gente, por supuesto, venezolana, cubana, colombiana, metida en esto, está el narcotráfico por detrás”, señaló.
“En lugar de pacificación”, las nuevas autoridades “ordenan difamación y represión contra hermanos del campo que denuncian el golpe de Estado”, escribió en tanto Morales en Twitter desde México, donde se encuentra asilado mientras sus seguidores manifiestan a diario en las calles contra el gobierno provisional de Áñez, que asumió tras su dimisión y que ha prometido convocar “muy pronto” a nuevas elecciones.
De su lado, Amnistía Internacional pidió derogar un decreto del gobierno interino que exime de responsabilidad al personal militar que participa en el restablecimiento del orden interno y que había sido denunciado por Morales y la CIDH. El gobierno destinó también un presupuesto adicional de 4,8 millones de dólares para tales fines.
Morales se vio obligado a renunciar el pasado 10 de noviembre, horas después de anular esas elecciones, tras perder el apoyo de militares y policías y en medio de una fuerte convulsión social.
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