
Frente a la inquietud por los efectos de los acuerdos internacionales en la economía agrícola española, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, explicó que se han establecido mecanismos de protección, salvaguardias y fondos de ayuda para los productores que puedan verse afectados por el pacto comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur. Cuerpo subrayó que existen refuerzos en los controles fronterizos y se prevén activaciones de cuotas si las importaciones perjudican al sector primario nacional. En ese contexto, el responsable del área económica del Gobierno aseguró que la defensa de los trabajadores rurales será una prioridad en cualquier negociación internacional.
Según publicó Europa Press, Cuerpo afirmó en una entrevista en Telecinco que “el campo, nuestro campo, nunca va a ser una moneda de cambio en ningún acuerdo en materia comercial”. La declaración surge en un escenario marcado por movilizaciones de agricultores y ganaderos que rechazan tanto el acuerdo entre la UE y Mercosur como los recortes propuestos en la futura Política Agrícola Común (PAC). Las organizaciones agrarias Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) impulsaron una serie de protestas a nivel nacional, con tractoradas y concentraciones en numerosos puntos del país.
El medio Europa Press detalló que las protestas continuarán a lo largo de la semana, teniendo el jueves 29 como la jornada central que ha sido denominada el 'súper jueves'. Durante ese día, los organizadores confirmaron más de 25 tractoradas y manifestaciones en provincias como Valencia, Cádiz, Málaga, Zamora, Valladolid, Bilbao, Vitoria, Logroño, Murcia, Toledo, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Mallorca. En Madrid, además de las movilizaciones, se preparó un "cocido reivindicativo" en la Puerta del Sol.
El ministro Cuerpo remarcó, de acuerdo con Europa Press, que en las negociaciones internacionales el Gobierno busca transmitir tanto a los productores como a la sociedad las novedades y garantías que incorpora el acuerdo con Mercosur. Entre estas garantías figura, según explicó el ministro, el “refuerzo de los controles en frontera para que los productos que entran cumplan con los mismos requisitos que les exigimos a los que se producen en España”. De esta manera, el Ejecutivo pretende que no existan diferencias en las exigencias fitosanitarias, ambientales o de calidad entre los productos nacionales y los importados bajo el acuerdo.
Además, Cuerpo señaló la inclusión de mecanismos de salvaguardia que permiten limitar el volumen de ciertas importaciones si se detectan impactos negativos en el sector primario. Si existiera una afectación acreditada a los ingresos o la sostenibilidad de los productores españoles derivados de importaciones procedentes de los países de Mercosur, las autoridades tendrían la capacidad de bloquear o restringir esos flujos comerciales de forma puntual.
El gobierno, según informó Europa Press, también trabaja en la creación de un fondo de ayudas para compensar a los agricultores y ganaderos que enfrenten dificultades derivadas tanto del acuerdo internacional como de los recortes en el marco de la PAC. A su vez, Cuerpo añadió que se están llevando a cabo negociaciones para aumentar el presupuesto comunitario destinado a la agricultura y, en particular, a aquellos elementos considerados esenciales para la soberanía alimentaria de España y la UE.
Europa Press consignó que, pese a la decisión reciente del Parlamento Europeo de paralizar el acuerdo UE-Mercosur y remitirlo a revisión al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, las organizaciones agrarias mantienen su calendario de movilizaciones. Los portavoces de Asaja, COAG y UPA insisten en que el futuro de la agricultura y la ganadería españolas atraviesa una coyuntura “crítica”, que puede verse agravada tanto por la incertidumbre sobre el pacto con Mercosur como por los posibles ajustes presupuestarios europeos.
En ese escenario, la respuesta institucional se centra en garantizar estándares comunes de producción y venta y en negociar medidas financieras adicionales que mitiguen los posibles efectos adversos de los acuerdos comerciales. A lo largo de la semana de protestas, los tractores recorrerán tanto áreas rurales como urbanas, destacando los reclamos del sector y la presión de las organizaciones agrarias sobre las instituciones comunitarias y nacionales.
De acuerdo con la información de Europa Press, las reivindicaciones de los agricultores incluyen la demanda de condiciones comerciales igualitarias, una mayor protección frente a importaciones masivas, el mantenimiento de las ayudas de la PAC y un compromiso firme de las autoridades para salvaguardar el modelo de producción español. La agenda de movilizaciones refleja el impacto que las negociaciones internacionales y los recortes propuestos han generado en las zonas rurales y el protagonismo que el sector primario reclama en el diseño de la política agroalimentaria europea.
La participación de ciudades y núcleos rurales de todo el territorio nacional en las jornadas de protesta resalta la dimensión y la preocupación extendida entre los trabajadores del campo por el futuro de su actividad, su rentabilidad y la sostenibilidad de las explotaciones ante los retos del mercado global y la política comunitaria, informó Europa Press.
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