El TPI confirma que Duterte está en condiciones para ser juzgado y reanudará el proceso el 23 de febrero

Un panel médico, designado por la Sala Primera de lo Preliminar del Tribunal Penal Internacional (TPI), realiza revisiones periódicas al exmandatario filipino Rodrigo Duterte y presenta sus resultados tanto a la defensa como al tribunal. Este equipo de especialistas ha sido clave en determinar la capacidad del expresidente para participar en los procedimientos judiciales, que se centran en crímenes contra la humanidad presuntamente cometidos durante su mandato. Según informó el TPI, la audiencia de confirmación de cargos tendrá lugar el 23 de febrero, fecha en que se reanudará el proceso.

La Sala Primera de lo Preliminar del TPI concluyó que Rodrigo Duterte, actualmente con 80 años de edad y recluido en La Haya desde marzo, mantiene plenas facultades para ejercer sus derechos procesales y tomar parte activa en las etapas previas al juicio. Tal como publicó el TPI, la defensa argumentó en repetidas ocasiones la imposibilidad de Duterte para intervenir en el proceso y solicitó el aplazamiento indefinido del juicio, planteamiento rechazado por los jueces después de revisar los informes médicos disponibles.

A principios de enero, el tribunal ya desestimó otra petición de los abogados del exmandatario, quienes exigieron un nuevo informe médico detallado. El TPI sostuvo que las evaluaciones presentadas por el panel médico satisfacían los requerimientos del proceso y consideró que no era necesario recabar documentación adicional.

Durante estos procedimientos, según detalló el TPI, la defensa de Duterte también presentó varias apelaciones buscando su puesta en libertad provisional. Argumentaron supuestos errores en la resolución original de una cámara inferior de la corte, responsable de decidir la situación de detención del acusado mientras transcurre el juicio. Todas estas apelaciones han sido rechazadas por el tribunal.

La audiencia fijada para finales de febrero tendrá como objetivo central analizar si existe base probatoria suficiente para considerar fundados los delitos que se le imputan a Duterte. El tribunal evaluará los indicios y testimonios presentados a fin de determinar la posible responsabilidad del exmandatario en hechos catalogados como crímenes contra la humanidad.

Duterte enfrenta tres cargos relacionados con la lucha contra el narcotráfico llevada a cabo durante su presidencia de Filipinas. Además, las investigaciones lo señalan como presunto “coautor indirecto” de 19 asesinatos ocurridos entre los años 2013 y 2016, periodo en que ocupó el cargo de regidor en la ciudad de Dávao. El medio TPI reportó que estos cargos se originan en el contexto de campañas antidrogas que, de acuerdo con numerosas denuncias, ocasionaron centenares de muertes extrajudiciales durante su administración.

La estrategia de la defensa ha consistido tanto en cuestionar el estado de salud del exmandatario como en solicitar su libertad por supuestos errores procesales, sin que hasta ahora el tribunal haya dado lugar a estas demandas. Según el Tribunal Penal Internacional, la decisión se fundamenta en los informes médicos entregados por el panel designado y en los dictámenes previos de la cámara inferior.

La reanudación de la causa para el 23 de febrero representa un avance en el proceso judicial que busca esclarecer los hechos ocurridos en Filipinas durante el mandato de Rodrigo Duterte y su etapa como regidor municipal. De confirmarse la existencia de pruebas suficientes tras la audiencia, el proceso sumaría un nuevo capítulo en la justicia internacional relacionada con violaciones a los derechos humanos.