
La consejera regional de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, detalló que la supervivencia del relevo generacional en el campo depende de la existencia de explotaciones rentables y de medidas que garanticen la seguridad y soberanía alimentaria de la Unión Europea. Según informó la Comunidad Autónoma mediante una nota de prensa, la consejera advirtió que estas condiciones se ven amenazadas por la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) prevista a partir de 2027 y por el reciente pacto comercial alcanzado entre la Unión Europea y los países de Mercosur, motivo por el que el Ejecutivo autonómico ha solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una defensa más firme del sector primario español.
De acuerdo con las declaraciones realizadas durante la Conferencia Sectorial de Pesca y la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, celebradas telemáticamente y presididas por el ministro Luis Planas, Rubira expresó la inquietud existente en el ámbito agrario sobre el futuro presupuesto, la estructura y los recortes que podría suponer la nueva PAC para el campo. La consejera también aludió a la cofinanciación del 30 por ciento destinada a las intervenciones de las Organizaciones de Productores de frutas y hortalizas y pidió explicaciones al Gobierno central respecto a los fondos comprometidos a tal efecto, reportó el medio.
La preocupación del Ejecutivo regional, según consignó la Comunidad, se acentúa por la falta de claridad sobre “el trabajo digno” para los trabajadores del sector primario que, en palabras de Rubira, “llevan sufriendo ataques durante tantos años”. La consejera instó al Gobierno central a convertir en realidad un apoyo tangible y efectivo al sector, además de exigir transparencia sobre la distribución del presupuesto destinado a las ayudas europeas.
En lo relativo al acuerdo comercial con Mercosur, la Comunidad Autónoma subrayó la importancia de instaurar mecanismos que permitan activar automáticamente cláusulas de salvaguarda cuando la importación de productos de terceros países supere el 5 por ciento, ya sea en volumen o precio establecido, publicó la fuente. También insistió en la necesidad de aplicar cláusulas de reciprocidad que obliguen a que toda mercancía que acceda al mercado europeo cumpla “las mismas garantías sanitarias y de calidad” que se exigen a los productos europeos en la exportación hacia otros mercados, detalló la nota difundida por la Comunidad.
Durante su intervención, Rubira demandó una mejora en el número de puntos de control en las fronteras y en los recursos asignados a esas inspecciones. Asimismo, solicitó al ministro Planas que mantenga una postura clara en el Consejo Europeo en defensa de los intereses agrarios nacionales, ya que, desde la perspectiva del Gobierno regional, los agricultores y ganaderos no perciben que el Ejecutivo central esté actuando con la flexibilidad, reducción de cargas burocráticas, ni simplificación de procedimientos que el sector considera necesarias.
Tal como remarcó la consejera, los retos que afrontan los productores primarios necesitan respuestas que permitan allanar la gestión cotidiana en las explotaciones y favorezcan la rentabilidad de la actividad agraria. Esta percepción de insuficiente respaldo institucional se mencionó como uno de los factores de preocupación para garantizar la continuidad del sector agrario de la región y del país.
Por otro lado, Rubira abordó el apartado relativo a las ayudas para la promoción internacional del vino, dentro del reparto de fondos para programas en mercados de terceros países, según recogió el comunicado de la Comunidad. La consejera manifestó su acuerdo con la cuantía total asignada a estas iniciativas, pero subrayó la necesidad de que los criterios para la moderación de costes sean claros y transparentes, de manera que los beneficiarios puedan “conocer las reglas del juego con claridad”. La consejera también solicitó al Ministerio de Agricultura que facilite a las comunidades autónomas herramientas adecuadas para la aplicación de la moderación de costes, al considerar que el retraso en este aspecto dificulta la correcta gestión de los apoyos.
Al referirse al valor estratégico del sector del vino para la Comunidad Autónoma, Rubira puso como ejemplo la presencia de tres Denominaciones de Origen –Bullas, Jumilla y Yecla–, cuya producción ha incrementado su presencia en mercados exteriores en los últimos años. Según reportó la Comunidad, la consejera insistió en la importancia de que las políticas estatales y europeas respalden la internacionalización y la competitividad, tanto de la vitivinicultura como del sector agroalimentario y pesquero en su conjunto, especialmente en contextos de negociación y cambio regulatorio como los actuales.
El Gobierno regional reiteró a lo largo de la jornada la petición de herramientas regulatorias que permitan atender los riesgos derivados de los acuerdos con terceros mercados, así como asegurar unas condiciones de competencia equiparables y la protección de la renta de agricultores, ganaderos y pescadores. Según las fuentes institucionales, la Región de Murcia aboga por una posición unificada a nivel nacional y europeo en la defensa de los intereses del sector primario ante los retos regulatorios y comerciales que se perfilan para los próximos años.
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