
"Nos encontramos ante una situación que requiere soluciones inmediatas y reales", expresó el presidente de Asaja, Pedro Barato, refiriéndose a la gravedad de la crisis en el sector agrícola español. Las principales asociaciones de agricultores y ganaderos han convocado protestas y tractoradas en todo el país entre el 26 y el 30 de enero como respuesta a los recortes previstos en la futura Política Agrícola Común (PAC) y a las consecuencias del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. La convocatoria, promovida por Asaja, COAG y UPA, busca movilizar al máximo número de profesionales del campo, especialmente el día 29, para reclamar medidas frente al impacto de decisiones europeas y la creciente competencia internacional. Así lo reportó Europa Press.
Según informó Europa Press, el inicio de las manifestaciones ha comenzado ya en puntos clave como la frontera de España con Francia, en Irún, y se han programado nuevas tractoradas para los próximos días en regiones como Extremadura, el Levante y Valladolid. En cuanto a la planificación de las protestas, las organizaciones agrarias recalcan que el objetivo es lograr la mayor concentración posible el 29 de enero. Aunque aún no existe una convocatoria oficial a nivel nacional, sí se prevén diversas acciones locales en Madrid y otras ciudades, además de actos impulsados por agrupaciones de bases rurales.
El secretario general de UPA, Cristobal Cano, indicó que la concentración del 29 de enero busca visibilizar el rechazo al recorte del presupuesto previsto en la próxima PAC, los acuerdos comerciales de la Unión Europea con otros países y lo que denominan como exceso de trámites administrativos en el sector agrario. Cano manifestó que se quiere responder a una serie de decisiones que, según su perspectiva, afectan directamente la sostenibilidad y la viabilidad de las explotaciones agrarias en España.
Pedro Barato, presidente de Asaja, reiteró el rechazo frontal de su organización al acuerdo con Mercosur en su configuración actual, argumentando que introduce una competencia desleal para los productores españoles al carecer de igualdad de condiciones en los intercambios comerciales. El dirigente expresó: "Es el momento que el campo español diga que no está de acuerdo con las medidas que nos han preparado para el futuro". Además, subrayó que las cláusulas de salvaguardia incluidas en el acuerdo resultan inaplicables y ejemplificó: "Si no controlan la cocaína, van a controlar la carne de vacuno". Barato resaltó el riesgo para sectores como la carne de vacuno, el azúcar, los cítricos, la remolacha y el arroz, que según la organización, podrían verse afectados de forma severa.
Por su parte, el secretario general de COAG, Miguel Padilla, declaró que el sector agrario no se opone al comercio internacional, pero sí exige que se desarrolle en condiciones justas. "Mercosur supone desigualdad y una competencia absolutamente desleal", afirmó Padilla, quien alertó de que el sector agrario puede ser utilizado como moneda de cambio en las negociaciones comerciales. El representante de COAG señaló que la falta de protección adecuada agrava la pérdida de producciones nacionales, mencionando casos en los que cultivos como el tomate cherry, la cebolla o el espárrago ya han comenzado a desaparecer.
Las movilizaciones previstas toman el relevo de protestas celebradas en años anteriores y en 2024, con la finalidad de reclamar el desarrollo de políticas que permitan contrarrestar el deterioro de la situación en el medio rural. Europa Press detalló que las organizaciones promotoras han manifestado su respeto a la convocatoria lanzada por Unión de Uniones para el 11 de febrero, aunque especificaron que no han sido invitadas formalmente a sumarse a dicha manifestación nacional.
En otro plano, las organizaciones agrarias ofrecieron una primera valoración de las medidas recientemente anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destinadas a favorecer el relevo generacional en el campo. Europa Press informó que el Ejecutivo analizará la situación de 17.000 fincas rústicas de propiedad estatal con el fin de facilitar su adquisición por parte de jóvenes agricultores. Cristobal Cano (UPA) valoró positivamente esta iniciativa y la consideró orientada en la "buena dirección", aunque lamentó la falta de detalles concretos sobre la ubicación de los terrenos. Cano destacó la importancia del acceso a la tierra como uno de los principales retos del relevo generacional, sumando la reivindicación de un banco público de agua como otra demanda central del sector.
Miguel Padilla, líder de COAG, indicó que el ofrecimiento de fincas a los jóvenes resulta una medida adecuada siempre que se trate de tierras fértiles y con acceso a agua, advirtiendo que la utilidad de la propuesta dependerá de la calidad de los terrenos distribuidos. Padilla matizó: "Si es fértil con agua, bien, pero si es de secano, mejor que no se molesten mucho".
En relación con la PAC, el Gobierno ha anunciado la decisión de destinar el 10% de los fondos a incentivar el relevo generacional, cifra que supera el 6% recomendado por la Comisión Europea, según lo expuesto por Europa Press. Desde UPA consideran que este aumento va en el sentido correcto, poniendo de relieve el envejecimiento del sector agrario como una problemática urgente que requiere apoyo adicional. Pedro Barato (Asaja) también valoró la iniciativa, aunque señaló que el porcentaje debería incrementarse y que la reasignación de fondos no debe afectar a los agricultores de mayor edad, ya que, en sus palabras, "son los que están manteniendo el sistema".
Europa Press consignó que el debate sobre los retos del relevo generacional se suma a las denuncias de las organizaciones agrarias sobre la excesiva burocracia y la competencia internacional, en especial a raíz de los acuerdos comerciales que, según su visión, agravan la situación económica de productores españoles frente a importaciones exentas de las mismas exigencias que deben cumplir en la Unión Europea. Las agrupaciones ubican entre sus principales preocupaciones la necesidad de mejores condiciones para el acceso a la tierra, el agua y la defensa de los estándares productivos nacionales frente a las importaciones.
El calendario de movilizaciones agrarias en toda España abarca acciones de diversa índole, incluyendo tractoradas, concentraciones en zonas fronterizas y reuniones en ciudades clave, con el propósito de exigir a las autoridades tanto nacionales como europeas una revisión profunda de las políticas que afectan al sector. Según informó Europa Press, las organizaciones convocantes reiteran su llamada a la participación y su disposición a mantener la presión hasta que se obtengan respuestas satisfactorias.
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