Venezuela asegura haber excarcelado a más de 400 personas y cuestiona las cifras de Foro Penal

El organismo Foro Penal ha sostenido que existen dificultades para identificar a quienes han sido puestos en libertad, lo que atribuye a la falta de transparencia por parte de las autoridades. Según esta organización, el Gobierno no ofrece información detallada sobre las identidades ni los criterios utilizados para definir los beneficiarios de las excarcelaciones, situación que, aseguran, agrava la incertidumbre de familiares y allegados de las personas privadas de libertad. A pesar de estos cuestionamientos, el Ejecutivo nacional insiste en que el proceso continuará, en el marco de una política que busca fomentar la convivencia y la unidad interna.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, declaró durante una sesión legislativa que más de 400 personas habrían sido excarceladas desde diciembre de 2024. El funcionario especificó que el 23 de diciembre de ese año se produjo la liberación de las primeras 160 personas. Rodríguez rechazó las denuncias de la oposición y de las organizaciones no gubernamentales, las cuales estiman en 56 la cifra de personas liberadas desde el pasado 8 de enero.

El medio Europa Press detalló además que Jorge Rodríguez negó que los excarcelados sean presos políticos. Según sus declaraciones, se trata de dirigentes políticos acusados de infringir la legislación y la Constitución, personas que, según él, habrían llamado públicamente a la intervención o agresiones militares en Venezuela, además de incentivar la violencia y promover divisiones internas. Rodríguez justificó la política de liberaciones como parte de una iniciativa gubernamental orientada a promover el entendimiento social y la paz ciudadana.

Durante la misma intervención, el presidente del Parlamento venezolano cuestionó a la organización Foro Penal, entidad de derechos humanos que ha dado seguimiento a los casos de detenciones en Venezuela. Rodríguez calificó a la ONG de "desprestigiada" y la acusó de lucrar con las gestiones para la liberación de detenidos, mencionando que "Foro Penal le cobra a las personas por tramitarles el tema de liberaciones".

Seguidamente, Foro Penal respondió mediante un comunicado divulgado en su cuenta oficial en la red social X, negando que se cobre por los servicios de asesoría y asistencia legal, y asegurando que han proporcionado apoyo gratuito a más de 15.000 personas desde su fundación hace 23 años. El texto de la organización enfatiza que su objetivo actual es establecer cuáles excarcelaciones corresponden a personas arrestadas por causas políticas. La ONG reitera que desde el 8 de enero se han confirmado solo 56 liberaciones, cifra considerablemente inferior a la comunicada por el Ejecutivo.

Según consignó Europa Press, la organización sostiene que la falta de información oficial mina la confianza en el proceso y contribuye a generar ansiedad e inquietud entre los familiares de los internos. Foro Penal planteó además un desafío abierto a las autoridades legislativas para que publiquen detalles específicos sobre los casos de quienes han sido puestos en libertad, argumentando que se trata de un aspecto de interés colectivo que afecta a miles de familias.

En su comunicado, Foro Penal subrayó: "La opacidad solo sirve para generar angustia y preocupación en los presos y en sus familias, y no contribuye a la concordia, a la reconciliación ni a la convivencia nacional". La organización insiste en la necesidad de criterios claros y del acceso público a la información sobre los procesos de excarcelación, instando a que el proceso se desarrolle con total transparencia.

De acuerdo con Europa Press, el Gobierno, por su parte, ha anunciado que el proceso de liberaciones continuará, aunque no ha ofrecido detalles adicionales sobre el ritmo ni sobre el universo total de personas consideradas. El presidente de la Asamblea recalca que las excarcelaciones forman parte de una estrategia estatal para favorecer el reencuentro nacional, sujetas a las disposiciones legales vigentes y a la decisión ejecutiva.

La disparidad en las cifras presentadas por distintas fuentes refleja una falta de consenso sobre la dimensión del proceso. Mientras las autoridades hablan de cientos de beneficiarios, sectores opositores exigen claridad y denuncian que el número de excarcelaciones confirmadas es mucho menor. Tanto la oposición como Foro Penal insisten en que el manejo discrecional de la información afecta el derecho de las víctimas y sus familiares a conocer el destino de los detenidos.

Europa Press informó que la discusión sobre los datos concretos y la naturaleza de los delitos atribuidos a los liberados persiste en el centro del debate público venezolano. Las acusaciones cruzadas, las respuestas de los organismos involucrados y la ausencia de informes detallados oficiales han provocado que las dudas se mantengan vigentes.

El conflicto entre las versiones gubernamentales y las de las organizaciones civiles subraya la tensión permanente en torno a la gestión de los derechos humanos y la situación de los privados de libertad en Venezuela. Mientras tanto, los sectores que reclaman transparencia esperan la divulgación de información verificable sobre el proceso de excarcelaciones.