Bolivia declara la "emergencia energética y social" ante la inflación disparada y la escasez de combustible

El Decreto Supremo 5516, publicado en la Gaceta Oficial del Estado boliviano, establece la suspensión temporal del diésel de la lista de sustancias controladas por un año. Esta medida tiene como finalidad facilitar la importación de hidrocarburos y asegurar la provisión continua para el sector del transporte, la producción y la agroindustria, según consignó el medio que difundió la información. El Ejecutivo boliviano busca así reforzar el abastecimiento interno en un contexto de restricciones y dificultades económicas.

Según informó el documento oficial, el Gobierno de Bolivia declaró la "emergencia energética y social" en todo el país ante la creciente inflación, la escasez de dólares y los problemas de abastecimiento de combustible. Tal como publicó el medio de referencia, el decreto reconoce una crisis económica, financiera y social con raíces estructurales que impacta a la población desde hace varios años, aunque las autoridades actuales atribuyen esta situación a gestiones presidenciales anteriores.

De acuerdo con la Gaceta Oficial, la inflación en Bolivia cerró el año 2025 en un 24,73%. Este dato ofrece contexto al entorno en el que se aprobó el paquete de medidas de emergencia. El decreto habilita de manera temporal y excepcional que personas naturales y empresas privadas puedan importar, vender y comercializar combustibles a precios de importación, con el objetivo de asegurar la cobertura en todo el territorio nacional. Esta apertura al sector privado responde a la urgencia de normalizar el flujo de hidrocarburos tras jornadas de protestas y desabastecimiento.

La decisión gubernamental, detalló el documento, fue ratificada poco después de que el Ejecutivo y las organizaciones sociales lograran un acuerdo para restablecer la estabilidad laboral y social. El pacto —en el que la Central Obrera Boliviana (COB) jugó un papel central, según reportó la fuente original— resultó clave para suspender las recientes movilizaciones en contra de la eliminación parcial del subsidio a los combustibles. Este subsidio, vigente durante años, representó uno de los instrumentos principales utilizados por diferentes administraciones para contener precios internos, pero su eliminación respondió a las limitaciones fiscales y a la presión ejercida por la inflación y la depreciación de la moneda.

El alcance de la crisis también se refleja en la escasez de dólares, un fenómeno que afecta tanto la importación de bienes indispensables como el normal funcionamiento del mercado cambiario. Esto ha dificultado el acceso a productos importados, entre ellos los carburantes, y agravó los problemas logísticos en áreas fundamentales para la economía nacional, añadió el texto del decreto.

En lo inmediato, la importación directa de combustibles por parte de privados busca cubrir la brecha que la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no ha logrado suplir por las restricciones financieras y los obstáculos operativos. La suspensión temporal del diésel de la lista de sustancias controladas aspira a agilizar los trámites para su ingreso desde el exterior, lo que responde a la demanda urgente de los transportistas y sectores productivos que dependen de este energético.

Las protestas que motivaron la declaración de la emergencia incluyeron bloqueos de carreteras y movilizaciones en varias ciudades del país, acciones impulsadas principalmente por gremios laborales y organizaciones sociales afectadas por el incremento de los precios y las dificultades de acceso al combustible. El acuerdo alcanzado con la COB permitió descomprimir la situación, aunque el decreto mantiene la vigencia de medidas excepcionales para asegurar el normal desarrollo de las actividades económicas y sociales.

En el marco del nuevo régimen temporal, las personas o empresas interesadas en importar combustibles deberán ajustarse a los precios establecidos por los mercados internacionales, lo que puede derivar en cambios en el costo final para el consumidor boliviano, según lo estipulado por el Ejecutivo en el texto legal. La apertura a nuevos operadores para la importación de hidrocarburos representa un giro respecto de las prácticas previas centradas en el monopolio estatal, una respuesta a la coyuntura marcada por rigideces presupuestarias y fluctuaciones internacionales de los precios energéticos.

El impacto de la medida también se percibe en los diferentes sectores económicos que dependen de la provisión de combustibles, en particular el transporte, la industria y el agro, que ven en la importación directa una posible vía de solución para el desabastecimiento que han experimentado en los últimos meses. Conforme a lo publicado en la Gaceta Oficial, la emergencia energética y social permanecerá vigente hasta que las condiciones permitan normalizar el suministro y estabilizar los precios internos.

El Gobierno insistió, según comunicó el texto difundido, que las dificultades actuales derivan de decisiones adoptadas por anteriores administraciones y de factores económicos globales, subrayando la necesidad de adoptar medidas temporales que permitan encauzar la crisis sin comprometer la estabilidad de los sectores más vulnerables.

Las autoridades bolivianas, de acuerdo con el contenido del decreto y reportes de prensa, mantendrán la supervisión del proceso de importación de combustibles por parte de privados, con el objetivo de evitar prácticas irregulares y garantizar que el beneficio alcance a toda la población. La implementación de estas medidas excepcionales se revisará periódicamente, considerando la evolución de la economía y el balance entre la oferta y la demanda de hidrocarburos en el país.