El PP en el Congreso pide a la DGT informes que acrediten la eficacia de la balizas V-16 para reducir la siniestralidad

A pocos días de que la Dirección General de Tráfico (DGT) retirara la homologación a varios modelos de balizas V-16 por falta de renovación de licencias de los fabricantes, el Partido Popular ha solicitado formalmente informes y documentos oficiales que respalden la utilidad de estas luces como medida de prevención y protección en las carreteras españolas. Según consignó Europa Press, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso registró el 19 de diciembre una petición dirigida a la DGT para que facilite expedientes técnicos, jurídicos y económicos que demuestren la eficacia y viabilidad de la implementación de la señal V-16, que será obligatoria desde el 1 de enero de 2026 para señalizar averías y accidentes en carretera.

El medio Europa Press detalló que la solicitud del PP pone el foco en la necesidad de contar con acreditaciones oficiales que prueben que la señal V-16 representa una herramienta prioritaria y necesaria para la reducción de siniestralidad vial y la protección de los usuarios en la red estatal de carreteras. Entre los requisitos legales, las balizas deberán estar certificadas por IDIADA o LCOE, los laboratorios competentes designados para verificar el cumplimiento de la normativa exigida. No portar la baliza V-16 o utilizar una que no disponga de la debida homologación podrá ser sancionado con una multa leve de 80 euros, monto idéntico al que se aplica a quienes circulaban sin los triángulos de preseñalización antes de este cambio legal.

Según publicó Europa Press, la decisión de la DGT de retirar la homologación a ciertas balizas V-16 se vincula a irregularidades administrativas, principalmente la falta de renovación de licencias por parte de los fabricantes de estos dispositivos, y no a defectos técnicos detectados directamente en el funcionamiento de las luces. Este episodio generó incertidumbre entre los conductores y propició la demanda política de un mayor rigor técnico y documental sobre el proceso de homologación y sobre la propia eficacia real de la nueva señal.

Durante los recientes anuncios sobre el balance provisional de seguridad vial de 2025, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, subrayó ante los medios que la Guardia Civil y las policías de tráfico van a ejercer un criterio de flexibilidad en la aplicación de sanciones relacionadas con la baliza V-16 tras la entrada en vigor de la normativa. "Nuestro objetivo, evidentemente, no es sancionador o recaudatorio. Lo que nos mueve es la obligatoriedad que tenemos de salvar vidas", declaró el ministro en la rueda de prensa. Según detalló Europa Press, Grande-Marlaska explicó que durante un periodo razonable darán prioridad a informar sobre la nueva obligación antes que a imponer multas.

En el mismo contexto, el ministro destacó que España es el primer país en Europa en implementar este tipo de sistema para señalizar emergencias en carretera. Según explicó, otras naciones están evaluando los resultados de la experiencia española para determinar si lo incorporan a sus códigos viales. "Algunos países europeos están a la espera del resultado de la iniciativa española para incorporarla a sus códigos de circulación", reseñó Europa Press con palabras del propio Marlaska. Además, el Reino Unido y Luxemburgo ya han suspendido el uso del triángulo de preseñalización en autopistas debido a que esta práctica puede suponer riesgos considerables para los conductores.

Grande-Marlaska enfatizó que, en el período de 2025, 103 peatones murieron en carreteras españolas, lo que equivale cerca del 10% de las víctimas mortales totales. El ministro precisó que en numerosos casos, estos fallecimientos ocurrieron cuando los afectados salían de sus vehículos, en muchos casos para colocar los triángulos de advertencia tras una incidencia. Desde 2014, según datos de la DGT citados por Europa Press, diversas entidades dedicadas a la seguridad vial han señalado el riesgo de atropello que conlleva bajar del vehículo en estas circunstancias.

A raíz de esta preocupación, en 2019 el sector de servicios de auxilio en carretera también reclamó mayores medidas de seguridad para los operarios de grúas que asisten a los vehículos averiados. “Todas y todos los que nos hemos tenido que bajar de un coche para colocar un triángulo sabemos del peligro que dicha conducta entraña”, explicó el ministro del Interior, quien agregó que era imprescindible adoptar una medida alternativa a los triángulos para frenar el elevado número de víctimas en estas situaciones.

Grande-Marlaska afirmó que la implantación de la señal V-16 deberá contribuir a reducir el número de muertes en carretera vinculadas a la señalización de incidencias. De acuerdo con Europa Press, el ministro especificó que la nueva baliza permite evitar el peligro asociado a salir del automóvil para colocar una señalización, ya que emite una luz que se percibe a un kilómetro de distancia y está integrada en el sistema de vehículos conectados. Esto permite que la localización exacta del vehículo inmovilizado se transmita a los navegadores de otros automóviles y a sistemas de información variable presentes en la infraestructura viaria.

Sobre las dudas planteadas en torno a la privacidad de los datos recabados por la señal V-16, el ministro sostuvo que no existe captación alguna de información personal distinta a la geolocalización del vehículo averiado. “No entraría en ningún debate distinto a la seguridad vial. Con la vida y con salvar vidas, yo no juego”, agregó, según recogió Europa Press. La DGT estima que cada año pierden la vida 25 personas al señalizar averías o accidentes en carretera, lo que da contexto a la magnitud del problema que se busca atajar con la obligatoriedad de la nueva baliza.

El proceso de transición hacia la señal V-16 como sustituto del triángulo de preseñalización ha venido acompañado de modificaciones en la normativa sobre homologaciones y campañas informativas por parte de la DGT. Europa Press detalló que las nuevas exigencias obligan a que todos los modelos de balizas V-16 cuenten con certificaciones emitidas por los organismos técnicos autorizados, siendo estos los encargados de garantizar que las características técnicas y la conectividad de los productos cumplen los estándares requeridos.

Desde el ámbito parlamentario, la solicitud del Grupo Popular incluye el interés por conocer también la evaluación económica y jurídica de la medida, aspectos que consideran determinantes para su implementación efectiva. Por ahora, las autoridades mantienen que la señal V-16 se integra en la estrategia de movilidad sostenible y conectada que impulsa la DGT, orientada a disminuir la accidentalidad en las vías españolas y a modernizar los sistemas de alerta de incidencias.

Todas estas cuestiones se encuentran en un momento sensible, con la inminente obligatoriedad de la baliza V-16 y las dudas persistentes sobre el alcance de su efectividad real. Según Europa Press, el debate en torno a la utilidad probada de la medida se produce mientras la DGT continúa ajustando los criterios de homologación y comunicación con los usuarios, los cuerpos policiales refuerzan un enfoque pedagógico en la primera etapa de la implantación y, en el Congreso, se demandan garantías técnicas y documentales que permitan un control transparente y basado en criterios verificables sobre el nuevo sistema de señalización de emergencias.