El líder opositor ugandés Kizza Besigye permanece bajo custodia acusado de traición tras haber sido trasladado desde Kenia a Uganda en noviembre de 2024, mientras la activista Sarah Bireete también fue arrestada recientemente, en un contexto descrito como de hostigamiento hacia los detractores del actual gobierno. Según informó la ONU, este escenario se enmarca en la inminencia de las elecciones presidenciales previstas para el 15 de enero, comicios en los que el presidente Yoweri Museveni busca extender su mandato tras casi cuatro décadas en el poder.
De acuerdo con Naciones Unidas, las autoridades ugandesas han recurrido a leyes promulgadas o modificadas desde los comicios de 2021 para restringir libertades fundamentales de expresión, asociación y reunión pacífica, afectando en particular a la oposición política, activistas y periodistas. El informe elaborado por la oficina de Derechos Humanos de la ONU subraya que estas medidas se han traducido en detenciones arbitrarias, redadas contra sedes de partidos opositores y confiscaciones de bienes, acciones que —en palabras del Alto Comisionado Volker Türk— refuerzan la represión y la impunidad en el período preelectoral.
La ONU detalló que estas legislaciones, aprobadas en 2022 y 2024, han servido también como fundamento legal para suspender emisoras radiales, aprehender blogueros y limitar el trabajo de diversas organizaciones no gubernamentales. Según consignó la organización internacional, estas restricciones se aplicaron de manera especial contra la Plataforma de Unidad Nacional (NUP), liderada por el opositor Robert Kyagulanyi, conocido como Bobi Wine. Entre las acciones dirigidas al NUP figuran bloqueos en carreteras, operativos en sus sedes y oficinas, restricciones a los desplazamientos de sus dirigentes y simpatizantes, así como dispersiones forzosas de reuniones y confinamientos obligatorios en domicilios particulares.
El informe de la oficina de Derechos Humanos de la ONU indica que las fuerzas de seguridad ugandesas emplearon armas de fuego y vehículos sin identificación —referidos como “drones”— para detener y aislar a opositores o manifestantes, lo cual impidió su participación activa en eventos políticos y redujo su capacidad de movilización a nivel nacional. La ONU remarcó que tales tácticas afectaron de manera desproporcionada la libertad de movimiento de líderes y partidarios opositores, al restringirles el acceso a mítines y actividades proselitistas.
Por otra parte, la prohibición decretada por las autoridades ugandesas en torno a la difusión de “disturbios” previo a las elecciones se sumó a una serie de medidas de control y censura que han limitado el trabajo de la prensa independiente y la circulación de información durante el proceso electoral, según publicó la ONU. El medio internacional destacó que el uso de fuerza innecesaria, incluida la fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad para disolver protestas pacíficas, constituye uno de los principales motivos de preocupación expresados por la oficina de Volker Türk. El Alto Comisionado instó a las autoridades de Uganda a garantizar la participación libre y segura de toda la ciudadanía, en cumplimiento del Derecho Internacional.
El actual presidente Yoweri Museveni, quien asumió el poder en 1986 tras la guerra civil que sucedió al derrocamiento del régimen de Idi Amin y luego de Milton Obote, aspira a iniciar una quinta década en el liderazgo del país africano. Según detalló la ONU, las denuncias de represión aumentaron durante la previa a los comicios, especialmente por parte de figuras opositoras como Bobi Wine, quien en el pasado ha sido arrestado diversas veces y, tras las elecciones de 2021, sostuvo que los resultados respondieron a un fraude electoral, rehusándose a reconocer su derrota y acusando al mandatario de manipular los comicios para perpetuarse en el poder.
El informe divulgado por la ONU subraya que, aun cuando los roles internacionales y nacionales demandan apertura democrática, la tendencia observada en Uganda exhibe represión constante hacia opositores, activistas y medios. La organización advirtió que las condiciones actuales pueden vulnerar el derecho de los ugandeses a participar en el proceso electoral y a ejercer libertades fundamentales en un entorno seguro, conforme exigen los estándares globales de derechos humanos. El documento difundido señala que las maniobras legales y policiales registradas previamente a las elecciones han reforzado un clima donde la intimidación, la censura y los obstáculos a la movilización política adoptan un protagonismo en detrimento de un proceso electoral participativo y pluralista.
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