El relato de un joven identificado como "Samuel", quien afirmó haber sufrido lesiones graves en el oído y los testículos, además de la pérdida de un diente tras una golpiza propinada por agentes del centro de detención Camp East Montana, en Texas, expone una serie de denuncias sobre presunto abuso físico y sexual, amenazas, hambre y negligencia médica en el mayor campamento de inmigrantes de Estados Unidos. Samuel indicó que la violencia recibida lo dejó inconsciente, y solo tras ese episodio fue trasladado en ambulancia a un hospital. Según informó la agencia EFE, organizaciones de derechos humanos han enviado una carta al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la que exigen el cierre inmediato del centro, basándose en más de 45 entrevistas y 16 declaraciones juradas que sustentan estas acusaciones.
De acuerdo con EFE, la base militar de Fort Bliss, ubicada en El Paso y convertida en campamento bajo la administración Trump en agosto de 2025, alberga actualmente a más de 2.700 personas bajo carpas. El documento firmado por organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y Human Rights Watch describe condiciones que califican de inhumanas, con relatos de golpizas, contacto sexual abusivo durante intervenciones realizadas por agentes y amenazas con deportar a detenidos a terceros países. El medio detalló que estas denuncias recogen también reportes de negligencia médica, alimentos insuficientes, hambre constante y trabas para acceder a ayuda legal.
El medio reportó el caso de un inmigrante cubano llamado "Isaac". Este hombre relató que agentes lo estrellaron repetidas veces contra una pared y le apretaron los testículos durante un interrogatorio. Su testimonio asegura que estuvo entre un grupo de migrantes llevado a la frontera bajo la amenaza de ser enviados, si no cruzaban a México, a cárceles en países donde nunca antes habían estado. Según EFE, este tipo de actos se inscribe en un patrón descrito por varios reclusos.
La carta remitida esta semana a ICE, según consigna la agencia, detalla que los abusos descritos no constituyen hechos aislados, sino que forman parte de un patrón más amplio de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes, así como de actuaciones consideradas discriminatorias o arbitrarias. Organizaciones firmantes sostienen que el campamento ha sido objeto de investigaciones periodísticas estadounidenses que han documentado violaciones a los estándares federales que regulan la detención de migrantes. Entre esas investigaciones, EFE menciona un reporte del diario The Washington Post, el cual divulgó los resultados de una inspección interna filtrada: durante los primeros 50 días de funcionamiento del centro, las autoridades detectaron más de 60 incumplimientos de protocolos y normas.
El campamento de Fort Bliss fue implementado a pesar de advertencias de legisladores y defensores de derechos humanos que anticiparon riesgos humanitarios ante el hacinamiento y las deficientes condiciones de vida. Es el mayor centro de detención de inmigrantes de Estados Unidos por número de internos bajo custodia de ICE. Según datos publicados por EFE, actualmente existen entre 65.000 y 66.000 personas retenidas a diario en centros de detención migratoria bajo administración de ICE. Esta cifra, calificada como un máximo histórico para el país, refleja la cantidad de camas ocupadas diariamente, y no el total de individuos que atraviesan por el sistema a lo largo del año.
EFE detalló que entre el 35% y el 45% de los detenidos tiene algún tipo de antecedente criminal, aunque la mayoría –más de la mitad– carece de condenas penales o solo ha cometido infracciones migratorias o faltas menores. Las cifras muestran que la política actual de detenciones y deportaciones ha elevado el número de migrantes bajo custodia, en el marco de una campaña presidencial que ha puesto el foco en intensificar la detención y expulsión de extranjeros del territorio estadounidense.
Según la carta enviada a ICE y citada por EFE, a las denuncias por violencia se suman casos de abandono médico, con personas internadas que no reciben atención ante problemas de salud graves, así como relatos sobre la falta de recursos alimentarios y dificultades para comunicarse con abogados. Los firmantes de la misiva consideran que la situación descrita implica la vulneración de derechos fundamentales, e insisten en la necesidad de cerrar el centro de manera inmediata para evitar nuevas víctimas.
Entre las organizaciones que participaron en la recopilación de testimonios figuran la ACLU y Human Rights Watch, junto a otros colectivos dedicados a la defensa de personas migrantes. Los documentos entregados al ICE incluyen declaraciones juradas, descripciones de patrones de abuso y datos recopilados en entrevistas con quienes residieron en el campamento. EFE reportó que las autoridades federales aún no han respondido de manera pública a las denuncias presentadas por los colectivos.
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