Un experto explicó por qué la reforma tributaria anunciada por Delcy Rodríguez exige la reestructuración del Estado

“Viene una reforma tributaria en Venezuela”, anunció el 8 de octubre la presidenta encargada Delcy Rodríguez en el marco de la asamblea anual de la patronal Fedecámaras.

La mandataria interina señaló que esa “reforma tributaria (...) busca armonizar la carga fiscal, armonizar que esa carga fiscal es del servicio del crecimiento económico, es del servicio de los procesos productivos del sector privado y que permita también una reorganización de las responsabilidades laborales del sector privado y del sector público”.

Hasta la fecha, ningún vocero del gobierno interino ha ofrecido más detalles sobre ese plan. A la espera de que el Ejecutivo muestre sus cartas, el abogado tributarista y expresidente de la Cámara de Comercio de Caracas, Leonardo Palacios, afirma que “una verdadera reforma tributaria exige irremediablemente la reestructuración del Estado venezolano”.

“¿Qué hacemos con las comunas?”, pregunta el profesor universitario, tras advertir que “la premura de proponer y asegurar una reforma tributaria antes de fin año debe conjurar la tentación de solicitar una ley habilitante -poderes especiales para el Ejecutivo-, el populismo tributario y el centralismo asfixiante”.

Palacios plantea la necesidad de eliminar “las contribuciones parafiscales que solo se justifican con fines políticos y de financiamiento de las comunas”, figura que no aparece en la Constitución, pero que el régimen chavista ha promovido como un “espacio socialista” para la construcción del “Estado comunal”.

El dirigente gremial apunta que las modificaciones en el esquema tributario deben venir acompañadas de la “definición de un verdadero sistema de seguridad social, con reformas institucionales y recursos destinados a ella, y no al gasto corriente”. En esa línea, estima urgente suprimir “la famosa contribución especial de protección a la seguridad social”, promulgada por Nicolás Maduro en mayo de 2024.

El monto de esa contribución especial se ubicó en 9% del total de los pagos realizados por el contribuyente a los trabajadores por concepto de salario y bonos de carácter no salarial.

Delcy Rodríguez anunció en mayo la creación de la Comisión Presidencial para la Reestructuración y Reingeniería del Gobierno, poniendo al frente de esa tarea al ministro de Educación, Héctor Rodríguez. Allí mismo se estableció que esa instancia presentaría en 90 días su propuesta para sacudir la estructura gubernamental. Nada se ha publicado al respecto.

Doble IVA

Palacios aboga por la “eliminación de impuestos molestos y poco productivos” que producen inequidad y distorsiones como la inflación. En particular menciona el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), que pese a su nombre termina pechando con 3% cualquier pago que se haga en divisas.

El IGTF fue la fórmula que implementó el régimen para frenar la dolarización de facto que se registra en la economía venezolana, pero en la práctica ha terminado funcionando como una especie de “IVA acumulativo”, argumenta el experto, pues el consumidor que paga en dólares en cualquier establecimiento debe cancelar ambos tributos.

“El IVA y la demagogia es dupla peligrosa”, alerta Palacios, quien considera que la “reducción de exenciones y exoneraciones junto a un gasto social ordenado permite reducir alícuotas y que todos paguen IVA”.

La patronal Fedecámaras ha cuestionado la voracidad fiscal especialmente en estados y municipios, denunciando que la presión tributaria empuja a empresarios y comerciantes hacia la informalidad. Para corregir esta situación, Maduro firmó en 2023 la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios; sin embargo, el problema persiste.

El antiguo jefe de la Cámara de Comercio de Caracas propone una “armonización verdadera y no la violación de las autonomías de los estados y municipios”, desarrollando una “reformulación de las relaciones fiscales intergubernamentales y, por tanto, una redefinición sincera de las fuentes de financiamiento como el situado constitucional -ingreso que corresponde a gobernaciones y alcaldías-, las asignaciones económicas especiales y el establecimiento de un fondo para redistribuir los ingresos tributarios de hidrocarburos”.

Palacios explica que el Impuesto sobre la Renta (ISLR) “debe ser eje de moderación y corrección armónica de la incidencia de tributos en la actividad generadora de renta”.

“Debe prohibirse expresamente el abuso del rechazo de deducciones de los pagos de tributos causados por pagos de bienes y servicios necesarios, así como excluirse de la base imponible los dividendos como atractivo a la inversión y reducción de la doble imposición económica de manera armónica con las previsiones regulatorias de sector específicos”, expone.