El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) estima que el costo de la canasta alimentaria de septiembre se ubicó en 761,35 dólares. Para cubrir ese gasto se necesitarían más de 3 mil 800 salarios mínimos.
El último aumento del salario mínimo en Venezuela se decretó a principios de 2022, fijándolo en 130 bolívares. Hoy esa cantidad equivale a menos de 20 centavos de dólar. Ese es el monto que se utiliza para calcular las prestaciones sociales, hecho que es condenado por sindicatos y gremios en el país.
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Congelado el salario mínimo, el régimen chavista creó la figura del “ingreso mínimo integral”, que el gobierno interino de Delcy Rodríguez elevó este año a 240 dólares. Tomando como referencia ese dato, se requerirían 3,17 bonos para adquirir la canasta alimentaria. Este pago no tiene incidencia en los pasivos laborales.
En estos momentos el Ejecutivo, los empresarios y las centrales sindicales discuten la creación de una nueva normativa que, en la práctica, desplazaría a la Ley Orgánica del Trabajo promulgada en 2012 por el difunto presidente Hugo Chávez.
El texto firmado por Chávez establece la retroactividad de las prestaciones sociales, cómputo que se ha hecho insostenible para los empleadores, provocando lo que desde un principio advirtieron sus críticos: la “bonificación” del salario y la destrucción de los contratos colectivos.
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El instrumento que debaten autoridades, patronos y trabajadores dejaría a un lado la retroactividad de las prestaciones, apostando por una mejora salarial inmediata.
A la calle
De las 1.101 protestas que contabilizó en septiembre el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), 233 fueron motivadas por la exigencia de derechos laborales.
“Los derechos laborales ocuparon el segundo lugar entre las principales exigencias de septiembre. Trabajadores de distintos sectores reclamaron remuneraciones suficientes, recuperación del poder adquisitivo y cumplimiento de las contrataciones colectivas”, reseñó en su informe el OVCS.
El reporte destaca las movilizaciones encabezadas por representantes de los sectores salud y educación, los cuales han advertido que escalarán sus acciones si Delcy Rodríguez no atiende sus reclamos de aumento salarial.
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El OVCS registró que “transportistas denunciaron dificultades de acceso a combustible y de sostenibilidad del servicio, mientras productores agropecuarios cuestionaron políticas de precios y problemas de rentabilidad. Estas manifestaciones amplían la agenda laboral hacia las condiciones que permiten mantener actividades económicas y servicios de interés público”.
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