Una ONG de Venezuela denunció un ataque armado contra la vivienda de un opositor

La entidad difundió un video del dirigente de Copei con casquillos y daños en las paredes, y afirmó que los disparos expusieron a su familia durante el incidente

El dirigente opositor Ricardo Pérez denunció que hombres armados atacaron a tiros su casa durante la madrugada de este 22 de octubre. La vivienda está ubicada en la urbanización José Gregorio Hernández, en Ospino, estado Portuguesa.
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La organización no gubernamental Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan) denunció un ataque armado contra la vivienda del dirigente opositor Ricardo Pérez en el municipio Ospino, estado Portuguesa, y pidió una investigación para identificar a los responsables, además de medidas de seguridad para el activista y su familia.

El hecho ocurrió el jueves contra la casa de Pérez, integrante del partido socialcristiano Copei. Fundehullan sostuvo que los disparos pusieron en riesgo a los miembros de su núcleo familiar y vinculó el episodio con un antecedente registrado en julio de 2024.

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“Este grave hecho, que puso en riesgo inminente la vida de su núcleo familiar, constituye un patrón reiterado de persecución política tras haber sufrido un ataque similar en julio de 2024”, expresó la organización en una publicación difundida en la red social X.

La ONG compartió un video grabado por Pérez dentro de su vivienda. En las imágenes, el dirigente mostró varios casquillos de bala y daños en las paredes exteriores del inmueble.

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Los casquillos de bala en la vivienda del opositor (Captura de imagenes)

Fundehullan condenó el ataque y reclamó la actuación de la Fiscalía General y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). La organización exigió que ambos organismos abrieran una pesquisa “urgente, transparente e imparcial” para establecer tanto las responsabilidades materiales como las intelectuales.

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La entidad también solicitó a los cuerpos de seguridad que otorgaran protección inmediata a Pérez y a sus familiares. En su pronunciamiento, recordó que la Constitución venezolana establece la obligación estatal de resguardar la vida y la integridad física y psicológica de los ciudadanos.

“El Estado debe salvaguardar de forma inviolable la vida y la seguridad física y psicológica de todo ciudadano”, indicó Fundehullan al citar disposiciones de la Constitución y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Además del pedido dirigido a la Fiscalía y al CICPC, la ONG reclamó a las autoridades de Portuguesa que cesaran las acciones de hostilidad por motivos políticos y garantizaran el respeto al pluralismo democrático. “Esto confirma lo denunciado por la Misión Internacional de Determinación de los Hechos: el aparato represivo se mantiene intacto”, afirmó la organización.

El ataque contra Pérez ocurrió en una jornada de movilización convocada por sectores opositores en los distintos estados del país. La protesta tuvo entre sus reclamos la difusión de un cronograma electoral y la realización de elecciones presidenciales en 2027.

Partidarios de la oposición venezolana participan en una manifestación para exigir que se celebren elecciones en 2027, en Caracas (Reuters)
Partidarios de la oposición venezolana participan en una manifestación para exigir que se celebren elecciones en 2027, en Caracas (Reuters)

Los convocantes también exigieron el regreso de la líder opositora María Corina Machado, quien permanece fuera de Venezuela desde diciembre del año pasado. Su equipo de comunicaciones denunció que las autoridades le impidieron retornar al país.

Durante las últimas semanas, organizaciones no gubernamentales y agrupaciones políticas informaron detenciones de sindicalistas, abogados y activistas vinculados con la oposición. Fundehullan comunicó la semana pasada la detención de Marlon Maya, abogado e integrante de Vente Venezuela en el estado Barinas.

Maya recuperó la libertad posteriormente, aunque quedó sometido a medidas cautelares, según la organización. Vente Venezuela es el partido liderado por Machado y mantiene presencia en varias regiones del país.

Otro caso mencionado por organizaciones defensoras de derechos humanos fue el del sindicalista Orlando Ramírez. El abogado venezolano Eduardo Torres informó el 6 de octubre que Ramírez fue liberado en una carretera entre los estados Lara y Yaracuy, en el oeste del país.

El sindicalista permaneció detenido durante casi un mes después de participar en protestas por reclamos laborales. Durante ese período, se desconoció públicamente su paradero, de acuerdo con la información divulgada por Torres.

El Foro Penal, organización venezolana de defensa de derechos humanos, contabilizó 322 personas detenidas por motivos políticos en Venezuela. El Ejecutivo chavista rechazó la existencia de presos de conciencia y sostuvo que los arrestados fueron detenidos por la presunta comisión de delitos.

(Con información de EFE)

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