
La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) exigió el lunes la publicación inmediata de la lista completa con los nombres de los presos políticos que han sido liberados en Venezuela, luego de que el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, señalara que no recibió esta información detallada por parte de las autoridades.
En una publicación en la red social X, la organización planteó la necesidad de transparencia en el proceso de excarcelaciones. “También exigimos la publicación inmediata de la lista completa de personas excarceladas. Las familias tienen derecho a saber quiénes han sido realmente liberados, cuántas personas continúan detenidas arbitrariamente y bajo qué condiciones se están produciendo estas excarcelaciones”, indicó la ONG. A su juicio, sin una lista “pública y verificable”, las liberaciones “seguirán rodeadas de opacidad”.
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Más temprano, Türk indicó que su oficina no recibió de las autoridades de Venezuela una lista oficial de los presos políticos liberados tras el ataque de Estados Unidos a principios de año y la captura del dictador Nicolás Maduro. También señaló que el organismo no tuvo acceso sin restricciones a los centros de detención, como solicitó en reiteradas oportunidades. Según explicó, ninguna de esas peticiones “ha tenido éxito hasta la fecha”, por lo que pidió mayor transparencia en lo referido a la puesta en libertad de estos detenidos.
Tras la captura de Maduro, el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez anunció un proceso de excarcelaciones de un “número importante” de personas. A esto se sumó la aprobación de una ley de amnistía que otorgó 7.727 libertades plenas. De ese total, la gran mayoría corresponde a personas que estaban en libertad con medidas cautelares, mientras que solo 253 estaban encarceladas.
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En su declaración, Türk destacó como elemento positivo que se reunió con las autoridades venezolanas al más alto nivel y que estas aceptaron reanudar la emisión de visas para su personal, lo que permitirá su retorno al país.
Los representantes de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU fueron expulsados de Venezuela en febrero de 2024, luego de que el alto comisionado manifestara su preocupación por la posible desaparición forzada de la activista Rocío San Miguel. La activista fue liberada días después de la captura de Maduro, tras permanecer casi dos años en prisión.
El Gobierno de Venezuela acusó el lunes a Türk de tener un “sesgo inmoral” y de actuar como una “caja de resonancia de falsedades”, en respuesta a sus declaraciones.
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Foro Penal abogó por la elección de nuevos titulares independientes en la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo en Venezuela
La ONG Foro Penal, que encabeza la defensa legal de presos políticos en Venezuela, pidió que los nuevos titulares de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo sean independientes y contribuyan a que ambas instituciones recuperen credibilidad.
La organización abogó por las elecciones tras la renuncia de sus anteriores responsables y la designación de interinos vinculados al chavismo.
Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal, afirmó que Venezuela atraviesa una “profunda crisis institucional”, pero que la amnistía aprobada en febrero brinda una oportunidad para avanzar hacia la reinstitucionalización, clave para la renovación de la Fiscalía y la Defensoría, organismos que la ONG denuncia que fueron utilizados como “instrumentos de persecución política”.
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“Lo más importante es que haya instituciones creíbles, como la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, para precisamente no continuar con la persecución y no utilizar estas instituciones para perseguir a personas solo por pensar distinto”, señaló Romero en rueda de prensa.
En ese sentido, señaló que la Fiscalía tiene “el monopolio de la acción penal” y, por tanto, puede cerrar o archivar causas no incluidas en la amnistía, así como abrir investigaciones por violaciones a los derechos humanos.
Por su parte, Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la ONG, sostuvo que el país requiere una Fiscalía que “investigue con independencia” y no sea “sumisa” a órdenes políticas, además de una Defensoría que actúe como “contrapeso incómodo” para el poder y cumpla su función de defensa de los ciudadanos.
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Himiob consideró que el proceso de selección de fiscal y defensor pone “a prueba” a las instituciones y advirtió que se trata de una oportunidad real de justicia para miles de víctimas.
“El reto es demostrar si existe un ánimo de reconstruir el país desde la verdad, las normas y el respeto a la Constitución, o si se seguirá otorgando cargos por lealtad política”, subrayó.
(Con información de EFE)
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