María Corina Machado condenó la decisión de la justicia chavista de negar la amnistía a Perkins Rocha

La negativa de la justicia venezolana a conceder amnistía a Perkins Rocha, abogado y colaborador de María Corina Machado, generó una fuerte respuesta de la líder opositora, quien afirmó este sábado que esta decisión representa “represión selectiva” y muestra el uso de la justicia como un mecanismo para infundir temor entre quienes exigen libertad y democracia en el país.

María Corina Machado condenó la medida porque, a pesar de la reciente aprobación de una ley de amnistía, las autoridades dejaron a su abogado bajo prisión domiciliaria con restricciones estrictas. La líder opositora sostiene que este caso ejemplifica la continuidad de la persecución política y la manipulación judicial para acallar las voces críticas.

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz acusó al régimen chavista de buscar “quebrar la moral” de los que defienden la democracia mediante el rechazo de la amnistía a Rocha. Afirmó que este tipo de acciones no debilita, sino que alimenta la convicción de cambio, y señaló que Venezuela “decidió ser libre”, en alusión al papel de su abogado en el avance de la causa opositora.

“Negar la amnistía selectivamente es represión. El régimen encabezado por Delcy Rodríguez pretende prolongar el terror para quebrar la moral de quienes luchan por la democracia y la Libertad en Venezuela, que ya están tan cerca”, señaló en sus redes sociales.

La dirigente subrayó la relevancia de Perkins Rocha como abogado y representante de su comando electoral durante las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 ante el Consejo Nacional Electoral. Lo describió como un “ciudadano ejemplar” que permanece privado de libertad “por decir y defender la verdad”.

Perkins Rocha, de 63 años, fue arrestado el 27 de agosto de 2024, en el contexto de una ola de detenciones vinculadas al proceso electoral. Desde el 8 de febrero permanece en prisión domiciliaria, portando un grillete electrónico y sometido a “medidas cautelares muy estrictas”, según su esposa.

El tribunal recientemente negó la solicitud de amnistía que había presentado Rocha. La notificación oficial señaló que no habría sobreseimiento de la causa y no detalló el fundamento legal de la decisión.

Rocha expresó públicamente su desacuerdo ante el fallo, alegando un “grave error de interpretación acerca del espíritu, contenido y alcance” de la ley de amnistía. El abogado anticipó que apelará la resolución, conforme a las previsiones del propio marco legal. Sus familiares y allegados también manifestaron su rechazo a las condiciones impuestas.

La Plataforma Unitaria Democrática, principal coalición opositora, rechazó el fallo y denunció el uso del sistema penal como herramienta contra la disidencia. Organizaciones de derechos humanos advirtieron que la ley de amnistía es insuficiente y que su aplicación resulta discrecional. La organización Foro Penal contabiliza más de 500 presos políticos que continúan en prisión.

En la última semana, la Misión de Determinación de Hechos de la ONU reiteró la existencia de “prácticas represivas” en el país. Además, llamó a la comunidad internacional a reforzar el monitoreo y el respaldo a las demandas de familias y sociedad civil venezolana.

La legislación de amnistía, aprobada recientemente en Venezuela, exige que los posibles beneficiarios tramiten su recurso en los mismos tribunales que los sentenciaron. Diversas organizaciones han alertado sobre el carácter excluyente y la aplicación parcial de este instrumento legal.

Según la oposición, se han logrado 253 liberaciones y hay informes de 7.000 medidas de libertad plena para personas que estaban bajo medidas judiciales previas. No obstante, las cifras de organizaciones especializadas muestran que persiste un importante número de detenidos y que han surgido al menos 1.000 informes adicionales de detenciones anteriores que permanecían sin registrar.

Frente a la persistencia de restricciones y la discrecionalidad judicial, tanto la oposición como los colectivos de derechos humanos insisten en que la liberación de los presos políticos debe ser plena y sin nuevas condiciones, para garantizar la efectiva restauración de derechos y garantías básicas.

“El régimen cree que a través de su ‘justicia’ selectiva demuestra que tiene poder y control; los venezolanos sabemos que en realidad ellos temen a una nación que ha decidido ser libre”, concluyó María Corina Machado en su mensaje.