La ONG Foro Penal confirmó la excarcelación de al menos 690 presos políticos en Venezuela desde el 8 de enero, fecha en la que las autoridades del régimen anunciaron la liberación de un “número importante” de personas. El proceso continuó tras la aprobación de la Ley de Amnistía en febrero.
Alfredo Romero, presidente de la organización que lucha por los derechos de los detenidos ilegalmente por el régimen, difundió la cifra con corte hasta este viernes a las 18:30 hora local (22:30 GMT). Sin embargo, Romero aún no detalló cuántos de los liberados continúan bajo procesos judiciales o medidas cautelares, ni la cantidad de personas que obtuvieron libertad plena.
Tampoco especificó cuántas excarcelaciones corresponden directamente a la amnistía, ya que el registro de la ONG incluye presos políticos liberados antes y después de la entrada en vigor de la norma, impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y aprobada por el Parlamento controlado por el chavismo.
Hasta el miércoles, Foro Penal contabilizó 508 presos políticos en Venezuela. El Gobierno rechaza la existencia de detenidos por motivos políticos y argumenta que los procesados enfrentan cargos por delitos comunes.
El jueves, el Parlamento venezolano informó que 7.727 personas fueron beneficiadas por la Ley de Amnistía: 253 estaban detenidas y 7.474 bajo medidas cautelares. La Ley, aprobada en febrero, abarca hechos ocurridos entre 1999 y 2026, y contempla casos vinculados con 13 eventos sucedidos en 13 años diferentes desde la llegada del chavismo al poder.
Foro Penal solicitó este jueves que los nuevos titulares de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo actúen con independencia y contribuyan a recuperar la credibilidad de ambas instituciones. La organización planteó la necesidad de elecciones tras la renuncia de los anteriores responsables y la designación de interinos vinculados al chavismo.
Alfredo Romero afirmó que Venezuela enfrenta una “profunda crisis institucional”, aunque destacó que la amnistía aprobada en febrero representa una oportunidad para avanzar hacia la reinstitucionalización. Consideró clave la renovación de la Fiscalía y la Defensoría, organismos que la ONG señala como “instrumentos de persecución política”.
“Lo más importante es que haya instituciones creíbles, como la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, para precisamente no continuar con la persecución y no utilizar estas instituciones para perseguir a personas solo por pensar distinto”, manifestó Romero en conferencia de prensa.
Romero subrayó que la Fiscalía posee “el monopolio de la acción penal”, por lo que puede cerrar o archivar causas no incluidas en la amnistía, así como abrir investigaciones por violaciones a los derechos humanos.
El 25 de febrero, una semana después de la aprobación de la Ley de Amnistía, Tarek William Saab y Alfredo Ruiz renunciaron a sus cargos de fiscal general y defensor del pueblo, respectivamente. Saab fue nombrado defensor del pueblo temporal, mientras que el abogado Larry Devoe asumió como fiscal general encargado.
En este contexto de transición política en Venzuela, el grupo de activistas de derechos humanos y representantes de organizaciones de la sociedad civil se congregó frente a la sede de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) en Caracas para exigir el desbloqueo de cerca de 200 sitios web restringidos en el país caribeño.
La protesta, que coincidió con el Día Mundial contra la Censura en Internet, incluyó demandas para restablecer la libertad de acceso a la información digital.
Los manifestantes entregaron a las autoridades de Conatel un documento formal que solicita el levantamiento de las restricciones, argumentando que la censura digital vulnera el derecho constitucional a la información. La protesta apunta a que el nuevo director de Conatel impulse medidas que garanticen el acceso libre y plural a la información, en un escenario donde, según el Colegio Nacional de Periodistas, más de 400 medios de comunicación han cerrado en las últimas tres décadas.
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