La organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunció que la reciente liberación de presos políticos en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 muestra un carácter arbitrario y carece de criterios jurídicamente claros.
La ONG sostuvo que este proceso de excarcelaciones ha estado marcado por una “opacidad estratégica” y una selección aleatoria, donde el azar, más que el seguimiento de la ley, determina quién recupera la libertad.
Al cierre de 2025, la JEP advirtió que el régimen anunció la excarcelación de 99 personas sin publicar un listado que permitiera identificar a los beneficiados.
Martha Tineo, coordinadora general de la organización, explicó a la agencia de noticias EFE que esta ausencia de información dificulta la transparencia y la verificación: “Hemos visto en el pasado que se anuncian excarcelaciones (de presos políticos) y se incluyen a personas que estaban detenidas por motivos no políticos, de tal manera que solo indicar cifras y no publicar el registro de los excarcelados es una forma de evitar la verificación de esa información. Además, ¿cuáles fueron los criterios para decidir quién sale y quién se queda?”, planteó.
La JEP contrastó las cifras oficiales con sus propias verificaciones y encontró que, frente a las 99 excarcelaciones difundidas por el chavismo, solo ha podido confirmar 71 casos, entre los que 28 correspondían a personas arrestadas por razones políticas que la ONG desconocía.
“Por cada grupo que recupera su libertad, el proceso de verificación saca a la luz detenciones de las que no se tenía información, confirmando que la magnitud de la crisis de derechos humanos en Venezuela es un objetivo en constante movimiento”, dijo la ONG.
De acuerdo con la JEP, el perfil de los liberados responde mayoritariamente a personas detenidas en el contexto postelectoral, en medio de la crisis causada por la denuncia de fraude de la principal coalición opositora tras la proclamación de la reelección de Nicolás Maduro.
La organización especificó que, en esta ronda, se excluyó a casos históricos y el enfoque se mantuvo en quienes fueron arrestados tras las protestas por el resultado electoral. Esto revela, según la ONG, un patrón “discrecional” y ligado al momento político más que a motivaciones legales o humanitarias.
En el plano humano, JEP calificó el manejo de estas excarcelaciones como “errático” y alertó sobre el impacto psicológico en quienes permanecen detenidos y en sus familias. A juicio de la ONG, la ausencia de claridad sobre los criterios de liberación “ha generado un daño colateral devastador: la tortura psicológica de la esperanza frustrada”, sumado a crisis emocionales y un profundo desconsuelo.
La organización sostiene que 1.041 ciudadanos permanecen presos en Venezuela —877 hombres y 164 mujeres—, aunque advirtió que la cifra puede ser aún mayor debido a que muchos familiares no denuncian los arrestos y siempre se reportan nuevos casos.
Tras los comicios de 2024, la Fiscalía reportó que más de 2.400 personas fueron detenidas, la mayoría ya excarcelada, bajo acusaciones de “terrorismo” y “vandalismo”. No obstante, distintas organizaciones y partidos opositores afirman que estas personas son inocentes y denuncian la persistencia de un patrón de represión política.
Las consecuencias de esta política se extienden más allá de la prisión. Según la ONG, para quienes han permanecido años en la cárcel por motivaciones políticas, la incertidumbre y el olvido social añaden sufrimiento y dificultan cualquier posibilidad de reparación real.
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