El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela exigió este lunes la liberación del reportero Rory Branker, detenido en Caracas hace 243 días y a quien la organización considera inocente.
En una publicación, el CNP indicó que Branker, periodista del medio digital de Venezuela La Patilla, “permanece privado de libertad sin cargos formales, sin acceso a su expediente y violando el debido proceso”.
En septiembre pasado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela informó que la familia del periodista pudo finalmente verlo en un calabozo policial, tras estar en paradero desconocido durante 206 días.
A través de X, el SNTP señaló que Branker confirmó por teléfono a sus familiares su traslado a un centro de la Policía Nacional Bolivariana de Caracas, aunque no se precisó dónde estuvo detenido previamente.
Branker fue detenido el pasado 20 de febrero por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), según denunció entonces el SNTP.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) indicó, en un informe aprobado tras celebrar su Asamblea General en Punta Cana, República Dominicana, que hay 18 periodistas y trabajadores de medios detenidos en el país sudamericano, “como parte -subrayó- de la grave represión a la que el régimen de Nicolás Maduro ha sometido a la prensa independiente durante su administración”.
A principios de septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en beneficio de Branker, confirmó la ONG Espacio Público a Infobae.
“La CIDH otorgó medidas cautelares a beneficio del periodista del portal La Patilla Rory Branker, quien fue detenido por funcionarios del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) el 20 de febrero de 2025 cuando salía de su residencia. Desde entonces, se desconoce su sitio de reclusión”, detalló la organización a este medio en su momento.
La CIDH explicó que el comunicador “se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable en Venezuela“.
“Familiares y personas allegadas habrían adelantado múltiples acciones de búsqueda y recursos legales internos con el objetivo de localizarlo y proteger su vida e integridad personal, pero las autoridades se negarían a brindar información mínima sobre el beneficiario. Por su parte, el Estado no proporcionó información a la CIDH“, relató la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Y siguió: “Tras analizar las alegaciones de hecho y derecho, la Comisión consideró que, en la medida en que se continúe desconociendo el paradero del beneficiario, y ante el transcurso del tiempo, aumenta la posibilidad de la consumación de afectaciones a sus derechos“.
“Sumado a lo anterior, se identificó que, pese a las acciones de búsqueda y recursos legales emprendidos por los familiares y allegados, las autoridades internas no han brindado respuesta sobre su ubicación ni han ofrecido información sobre su condición desde el momento de la detención. En ese marco, la Comisión no contó con información por parte del Estado que permita apreciar las acciones que se estarían tomando para atender o bien mitigar la situación de riesgo del beneficiario", remarcó.
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