La ONG Fundaredes denunció que la prisión prolongada de su director limita el activismo civil en Venezuela

La ONG venezolana Fundaredes denunció este miércoles que su director, Javier Tarazona, cumple cuatro años de detención que, a su juicio, es una muestra de la “persecución” para silenciar a las voces críticas en el país y “restringir” el espacio cívico.

“Su encarcelamiento, bajo acusaciones infundadas de terrorismo e instigación al odio, es una clara muestra de la persecución para silenciar las voces críticas y restringir el espacio cívico”, señaló la organización en una publicación en X.

Fundaredes afirmó que el juicio contra Tarazona ha “sufrido múltiples retrasos y ha sido llevado a cabo, en ocasiones, de forma telemática sin su presencia física en el tribunal”.

“Todo esto ha convertido su caso en un mecanismo de castigo y persecución política”, añadió.

La ONG recordó que Tarazona fue detenido el 2 de julio de 2021, luego de acudir a la sede de la Fiscalía en Coro, capital del estado Falcón (noroeste), a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por parte de funcionarios de la Policía de esa región, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y sujetos sin identificar.

“Sin embargo, fue detenido por funcionarios del Sebin sin orden judicial y su paradero fue desconocido por 24 horas, lo que sido calificado por la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) como ‘desapariciones forzadas temporales’”, relató.

“Hoy, cuatro años después, continuamos alzando la voz y exigiendo justicia y libertad plena para Javier Tarazona”, apuntó la ONG.

El activista fue la principal voz de denuncia de un conflicto entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) que se desarrolló en una zona fronteriza entre ambos países ese año, ante la falta de datos oficiales.

El pasado 11 de junio, Fundaredes denunció que Tarazona cumple una “condena anticipada”, luego de que el tribunal decidiera diferir una audiencia de juicio por la “falta de presencia de los órganos de prueba promovidos por el Ministerio Público (MP, Fiscalía)”.

En octubre de 2022, Fundaredes informó a EFE que el juicio contra Tarazona comenzaría de cero, luego de dos meses de audiencias, pues el proceso se vio interrumpido por una baja médica del juez de la causa.

La coordinadora de documentación de FundaRedes, Clara Ramírez, explicó entonces que el juicio había arrancado formalmente el 16 de agosto de 2022 y, desde entonces, “habían transcurrido seis continuaciones de esta audiencia de juicio, que se habían realizado de manera ininterrumpida, cumpliendo los lapsos de ley”.

Ramírez indicó que “el juez se encontraba enfermo” y comunicó a las partes “que no se iba a realizar la audiencia”, lo que anuló la validez del proceso que había comenzado hace casi nueve semanas.

La activista explicó entonces que las audiencias de juicio no pueden distanciarse una de la otra más de 10 días hábiles.

932 presos políticos en Venezuela

En junio, la organización no gubernamental Foro Penal reportó un total de 932 presos políticos en Venezuela. En un comunicado se incluyó la información sobre la reciente liberación de un adolescente detenido tras las elecciones presidenciales de 2024.

La organización puntualizó que el registro, realizado hasta el 16 de junio, implica un incremento de seis personas privadas de libertad respecto al informe anterior.

El desglose proporcionado detalla que, del grupo de detenidos, 837 son hombres y 95 mujeres, de los cuales 928 son adultos y cuatro adolescentes con edades entre 14 y 17 años.

Este balance reflejó la reciente excarcelación de uno de los cinco menores inicialmente arrestados en el contexto de las protestas postelectorales surgidas en Venezuela después de los comicios presidenciales de 2024, procesos en los que el organismo electoral proclamó al dictador Nicolás Maduro como vencedor, pese a las denuncias de fraude de la mayor parte de la oposición.

(Con información de EFE)