
La activista venezolana Andreína Baduel exigió este viernes nuevamente una fe de vida de su hermano, Josnars Adolfo, sobre quien existen “rumores” de su posible muerte en prisión.
La integrante de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) se presentó el pasado sábado en el centro penitenciario El Rodeo I, en el estado de Miranda, donde su hermano lleva privado de su libertad desde su arresto en 2020.
Acudió con “la esperanza de tener noticias de que sigue con vida”, ante la información que había comenzado a circular en el último tiempo, pero “los funcionarios se negaron a darle detalles” y no le permitieron verlo, como denunció que ocurre desde hace 110 días.
Ante esto, exigió una fe de vida inmediata al régimen de Nicolás Maduro, que permita esclarecer la situación de su allegado.
“Han pasado tres días desde que comenzaron los rumores. Y tres días sin respuestas. No hay fe de vida. No hay llamadas. No hay nada. Solo ruego a Dios que no sea cierto. La única verdad es que llevamos casi cuatro meses sin verlo”, apuntó el lunes la activista, que señaló que otra posibilidad es que Josnars esté “en aislamiento prolongado”, lo que, de igual manera, “constituye una forma de tortura psicológica tanto para él” como para su entrono.

“Vivimos con angustia, sin saber si sigue con vida, si su salud ha empeorado, si las secuelas de las torturas han sido atendidas o ignoradas (...) Hay un absoluto silencio y opacidad, sin ningún tipo de respuestas (...) Esta incertidumbre no es casual, es parte de un sistema represivo que castiga y revictimiza”, sumó en un mensaje en sus redes sociales en las últimas horas, en el que advirtió que el Estado chavista es responsable “de lo que ocurra con Josnars”.
Por otro lado, Andreína recordó que, en 2021, el régimen había actuado de una manera similar, cuando su padre, el ex ministro de Defensa Raúl Isaías Baduel murió tras 12 años detenido, pero no le informó de ello sino que se enteró por medio de las redes sociales.
“Hoy nos enfrentamos al mismo silencio cruel. Esto es revictimización. Esto también es tortura”, lamentó.

Como parte de sus reclamos, la joven se unió a otros activistas que, la semana pasada, realizaron la “Ruta Global por la Justicia y la Libertad”, que los llevó por las embajadas de Colombia, México, Brasil y Japón en Caracas, junto con la Delegación de la Unión Europea en el país, con el fin de “denunciar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y solicitar solidaridad internacional y apoyo diplomático”.
Según el último balance de la ONG Foro Penal, que hace un seguimiento de la situación en los penales de Venezuela, en el país hay 894 personas detenidas por motivos políticos, de los cuales 805 son hombres, 89 mujeres y cinco, adolescentes de entre 14 y 17 años.
Este último grupo es el que más inquietud genera en organizaciones humanitarias y la comunidad internacional, dado que permanecen privados de su libertad, en condiciones precarias, pese a su minoría de edad, lo que constituye una grave violación a sus derechos humanos.
(Con información de EFE)
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