El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, acusó este martes a cuatro activistas opositores de haber incitado al odio durante el reciente acto del candidato presidencial Edmundo González Urrutia en Maiquetía, estado de La Guaira.
“Imputados y privados de libertad los sujetos Luis López, Juan Iriarte, Jeancarlos Rivas e Ismael González por delitos de incitación al odio y asociación”, sostuvo Saab en un mensaje publicado en redes sociales.
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) había denunciado el pasado sábado su desaparición en manos del régimen y exigió su inmediata liberación. “Están desaparecidos desde ayer (...) han intentado averiguar dónde están pero, como suele ser en estos casos, los cuerpos de seguridad se rebotan la responsabilidad y no se sabe -en este momento- dónde y cómo están. Es una detención injusta y arbitraria”, apuntó entonces González Urrutia.
En las últimas horas, sin embargo, se conoció finalmente la situación de estos sujetos. Según el Fiscal General, los cuatro participaron durante la recorrida del candidato junto a su comitiva el pasado 10 de junio en la ciudad cercana a Caracas y, en determinado momento, “se dirigieron agresivamente” a un comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). También apuntó que “intentaron ingresar (al vehículo de los oficiales) mediante el uso de la fuerza, con la intención de causar lesiones a los efectivos”.
Johny Rivas y Khillkys Alcila están señalados de participar junto a ellos de estas maniobras, por lo que la Fiscalía emitió órdenes de captura contra ellos, aunque se desconoce su paradero.
Estas acciones generaron “terror en los habitantes de la zona”, sostuvo Saab, por lo que fue tajante al mencionar que “todo acto que implique instigación al odio, asalto a instituciones públicas, quema de personas, intentos de golpes de Estado, insurrección armada o protestas violentas, será severamente castigado por implicar la base real del nazi-fascismo”.
Sin embargo, imágenes compartidas por seguidores antichavistas que participaron del encuentro de aquel lunes expusieron que los hechos no fueron tal cual los narra el régimen de Nicolás Maduro. Los videos mostraron cómo González Urrutia, junto a decenas de simpatizantes, se acercó a saludar a un miembro de la Guardia que estaba parado en la entrada de la sede militar pero éste le pidió que se retirara, algo que el político cumplió de inmediato.
Keila López, madre de Rivas, desmintió también la versión del oficialismo y pidió la protección de su hijo. “Él solo tiene 19 años (...) En ningún momento ha incitado al odio. Su único mensaje es: inscríbanse en el CNE, vamos a votar para tener mayor participación. Pido de corazón (...) que no le violen los derechos a mi hijo, que le permitan que se defienda, que mi abogado de confianza lo defienda. Mi hijo es inocente, él no cometió ningún delito… su único delito fue tomarse una foto con Edmundo”, dijo.
González Urrutia señaló poco después que 10 alcaldes -ocho en el estado andino de Trujillo (oeste) y otros dos en la insular Nueva Esparta (este)- fueron “injustamente inhabilitados por apoyar nuestra candidatura”.
“La creciente persecución confirma que Venezuela ha decidido cambiar y lo expresará con determinación este 28 de julio. Seguiremos luchando juntos por un país donde nadie sea perseguido por pensar diferente”, escribió en X este embajador, desconocido hasta que fue nominado con el apoyo de la líder María Corina Machado.
La inhabilitación es una vieja arma del chavismo gobernante para sacar del camino a rivales. Machado, favorita en las encuestas, no pudo ser candidata en las elecciones por una prohibición a ejercer cargos públicos por 15 años.
La líder opositora sostiene que al menos 37 dirigentes y líderes políticos cercanos a la campaña fueron detenidos en lo que va de año. Denuncia “persecución” y criminalización de la actividad electoral, mientras el gobierno acusa a la oposición de conspirar para derrocarlo.
A la fecha hay 278 “presos políticos” en Venezuela, según el conteo de la ONG Foro Penal.
(Con información de EFE y AFP)
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