La Contraloría General de Venezuela, controlada por el régimen de Nicolás Maduro, inhabilitó a cuatro opositores, entre ellos un alcalde, para ejercer “cualquier cargo” público por 15 años, así como a otro antichavista por un período de 12 meses, según se pudo constatar este miércoles en la página web de la institución.
Los sancionados hasta el año 2039 son el alcalde del municipio El Hatillo (estado Miranda, norte), Elías Sayegh, el ex diputado Tomás Guanipa y los ex alcaldes Josy Fernández y Carlos Ocariz, mientras que el ex parlamentario Juan Carlos Caldera está inhabilitado “por 12 meses”.
De los cinco, Guanipa, Ocariz y Caldera pertenecen al partido Primero Justicia (PJ), intervenido el lunes por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que entregó el mando al candidato presidencial José Brito, expulsado de la formación en 2020 ante señalamientos de corrupción.
La presidenta de PJ, María Beatriz Martínez, aseguró este miércoles que estas nuevas inhabilitaciones -que se anuncian cuando el país se prepara para celebrar las presidenciales el próximo 28 de julio- significan “una nueva arbitrariedad” por parte del “régimen” chavista.
“El régimen actúa de esa forma, sabe que tiene una fecha de vencimiento, que es el 28 de julio. Nuestro objetivo es luchar por una Venezuela donde estas injusticias no ocurran y haya un verdadero Estado de derecho”, expresó la dirigente.
De PJ, también está inhabilitado el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, quien no puede ocupar cargos públicos hasta 2032, una sanción que fue ratificada en enero por el Supremo, que responde a los intereses de la dictadura.
Primero Justicia forma parte de la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que eligió al ex embajador Edmundo González Urrutia como su candidato presidencial, en sustitución de María Corina Machado -ganadora de las primarias de octubre pasado-, quien está inhabilitada para ejercer cargos de elección popular.
La página de la Contraloría no precisa las razones por las que fueron inhabilitados estos cuatro opositores.
El candidato unitario de la oposición Edmundo González Urrutia, expresó su solidaridad con los sancionados.
”Repudiamos las nuevas inhabilitaciones de la Contraloría General, una muestra más de la urgente necesidad de recuperar el Estado de derecho en nuestro país”, expresó el ex diplomático en X.
En la misma red social, el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles acusó a Nicolás Maduro de usar la Contraloría “como brazo ejecutor de su visión represiva y antidemocrática”.
”Nuevas inhabilitaciones ilegales e inconstitucionales en contra de compañeros sin delito alguno, pero, más grave aún, sin derecho a la defensa”, expresó el opositor, quien auguró que en las presidenciales del próximo 28 de julio “millones” votarán para sacar al chavismo del poder, al que llegó en 1999.
Asimismo, el partido Primero Justicia (PJ), en el que militan tres de los sancionados, consideró que estas medidas constituyen un “claro intento de socavar el proceso democrático y la unidad” de la oposición, de cara a las elecciones de julio.
”Instamos a la comunidad internacional y a los defensores de los derechos humanos a condenar estas acciones y monitorear la situación en Venezuela”, agregó la formación.
(Con información de EFE)
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