El régimen de Nicolás Maduro concedió en las últimas horas la libertad condicional a cuatro familiares de la activista venezolana Rocío San Miguel, detenida el pasado viernes bajo cargos de “terrorismo”, mientras ésta y su ex esposo seguirán bajo arresto.
El equipo legal de la familia confirmó este martes por la tarde que “los cuatro familiares de la doctora San Miguel ya fueron excarcelados”, precisando que se trata de su hija, Miranda, el padre de ésta, Víctor Díaz Paruta, y dos de sus hermanos, Miguel Ángel San Miguel y Alberto San Miguel. Tras su salida deberán cumplir con una serie de medidas cautelares que incluyen “presentaciones periódicas” en el tribunal que lleva su causa, en la que aún no se han esclarecido los cargos que se les imputan.
No obstante, el abogado Juan González Taguaruco insistió en su denuncia ante la falta de comunicación con la experta militar, con quien no tiene contacto desde hace más de 100 horas, dos días después de que fue víctima de una “desaparición forzada”.
La víspera su defensa pidió el apoyo de la comunidad internacional para poder dar con su cliente que, bajo órdenes del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, fue detenida el pasado viernes 9 de febrero en la zona de migraciones del aeropuerto internacional de Maiquetía, de Caracas, cuando iba a salir de viaje. Las autoridades la acusan de “traición a la patria”, “conspiración” y “terrorismo” por su supuesta vinculación al plan “Brazalete Blanco” que -aseguran- busca asesinar al dictador Nicolás Maduro, así como atacar una base militar en Táchira.
Junto con ella fue detenida su ex esposo, Alejandro José González de Canales Plaza, un coronel retirado señalado de “revelar secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación”.
El equipo denunció que recién dos días después de este episodio, el domingo por la tarde, Saab se dispuso a informar de su detención en un menaje en redes sociales aunque sin mencionar “qué órgano policial la detuvo, ni la orden de qué tribunal está (tras el caso), ni qué fiscal está dirigiendo la investigación”.
“Tampoco sabemos el sitio de reclusión, hemos visitado algunos centros de reclusión y en ninguno nos dan respuesta positiva”, agregó González Taguaruco y resaltó que “no hay manera de saber dónde está, no hay manera de apoyarla”. “El Estado puede hacer lo que le plazca, eso es el summum (grado más alto) de la violación de los derechos fundamentales después del asesinato”, concluyó.
Estados Unidos dijo estar “profundamente preocupado” por esta información y aseguró estar siguiendo el tema “muy de cerca”. “Somos conscientes de los informes de que Rocío San Miguel, y creo que un par de miembros de su familia, han sido detenidos. Estamos profundamente preocupados por eso”, comentó el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby.
A continuación, recordó a Maduro que debe “cumplir los compromisos que asumió sobre cómo va a tratar a la sociedad civil, a los activistas políticos y a los partidos de la oposición”, en relación al Acuerdo de Barbados alcanzado a finales de 2023, en el que accedió a garantizar un marco democrático y libre en el país a cambio del cese de algunas sanciones de Washington.
Por su parte, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) que nuclea a la oposición, exigió la “libertad inmediata” de estos actores, manifestó su preocupación por las noticias y responsabilizó a “Nicolás Maduro por la integridad física de Rocío y sus familiares”.
(Con información de AFP)
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