Organizaciones no gubernamentales exigieron este martes a la Defensoría del Pueblo de Venezuela activar la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, ante supuestos abusos por parte de policías al estudiante universitario John Álvarez, acusado de los delitos de conspiración y asociación para delinquir.
El coordinador legal de la ONG Provea, Marino Alvarado, dijo que el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, debe activar dicha comisión, e investigar si funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) torturaron al joven, como denuncian activistas y el abogado del detenido.
“Debe investigarse a los autores materiales y a la directiva de la Policía Nacional Bolivariana. Es posible que la tortura sea una práctica de ese organismo y no un hecho aislado de funcionarios”, expresó el activista a través de X (antes Twitter).
En un video publicado por Provea en la red social, el abogado y activista sindical Eduardo Torres denunció que Álvarez fue obligado por agentes a incriminar a dirigentes sindicales mientras lo grababan, y “fue golpeado con un bate” y “con un jergón de cama cubiertos con fundas para que no dejen evidencia”.
Torres, que solicitó la apertura de una investigación, también denunció que el joven, quien “identificó nombres de funcionarios”, sufrió “descargas eléctricas” en “rodillas, costillas, testículos”.
Ante esta denuncia, el director de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels, exigió también, a través de X, que la Defensoría del Pueblo active la comisión contra la tortura.
Álvarez fue detenido el pasado miércoles en Caracas por funcionarios de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la PNB, quienes le quitaron la motocicleta en la que se desplazaba, así como sus pertenencias, según dijo este martes a EFE su abogado, Joel García.
El jurista informó que el joven John Álvarez, un estudiante de Antropología de la Universidad Central de Venezuela (UCV), cuya detención “arbitraria” fue denunciada por varias ONG el viernes pasado, fue privado de libertad y acusado de los delitos de conspiración y asociación para delinquir.
García señaló que en la audiencia de presentación, realizada la noche de este lunes, se conoció que Álvarez tenía “una orden de aprehensión desde el 6 de julio de 2022 por los hechos por los que condenaron a los seis sindicalistas” que, recientemente, fueron acusados por los mismos delitos y a quienes les impusieron una pena de 16 años de prisión.
Además, denunció que, antes de la audiencia, fue torturado y obligado a “incriminar” a un dirigente sindical y a un periodista en un video grabado por los funcionarios policiales. “Lo someten a interrogatorio, a preguntas, y le dicen que si delata o incrimina a dos personas (...) le dan libertad (...) Lo torturaron, le dieron golpes, electricidad, le pusieron electricidad por la espalda, por los costados, en sus testículos, le dieron golpes con maderas”, relató el abogado.
García explicó que el estudiante universitario es secretario general juvenil del partido opositor Bandera Roja.
La ONG Provea, que denunció el pasado viernes que Álvarez se encontraba recluido en una comisaría de Caracas, acusó al dictador Nicolás Maduro de su encarcelamiento y de criminalizar al estudiante. “Esto forma parte de un patrón de hostigamiento contra estudiantes, líderes sindicales, políticos, periodistas, ONG, defensores y toda la sociedad civil venezolana”, dijo la ONG en su cuenta en la red social X.
Por su parte, la organización Justicia, Encuentro y Perdón pidió que sean respetados los derechos del joven, el “cese de la tortura” en su contra y su libertad.
(Con información de EFE)
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