Varias organizaciones no gubernamentales de Venezuela denunciaron la detención arbitraria del joven John Álvarez, un estudiante de Antropología de la Universidad Central (UCV) que, según la información preliminar, fue presentado ante un tribunal con competencia en terrorismo.
La ONG Provea explicó en la red social X (antes Twitter) que el joven “estaba desaparecido” desde el miércoles hasta el jueves, cuando “sus familiares pudieron visitarlo” en unos calabozos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas.
“Hoy fue presentado ante el tribunal 13 de terrorismo”, agregó la organización.
Por su parte, la ONG Justicia Encuentro y Perdón denunció, en la misma red social, que Álvarez “es víctima de una detención arbitraria”, por lo que “su familia exige el respeto a sus derechos”.
La denuncia ha sido difundida por varias organizaciones de derechos humanos y agrupaciones estudiantiles en las redes sociales, donde algunos políticos contrarios al régimen han pedido la inmediata liberación del universitario.
Hasta ahora, ni el Ministerio Público (Fiscalía) ni el Ejecutivo se han pronunciado al respecto.
Esta semana, Amnistía Internacional (AI) denunció que los “patrones de represión” empleados para detenciones por motivos políticos en Venezuela se han “agudizado” y exigió “la liberación” de estos privados de libertad.
En su más reciente informe, destacó que organizaciones que defienden derechos humanos han documentado entre 2014 y 2023 alrededor de 15.700 detenciones arbitrarias por motivos políticos en el país, y que, en la actualidad, “alrededor de 300 personas siguen privadas de libertad en estas condiciones”.
“Las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela siguen siendo parte de un ataque sistemático y generalizado en contra de la población en este país. Ello, principalmente, con el objetivo de silenciar a quienes disienten del gobierno de Nicolás Maduro o con otros fines políticos”, indicó la ONG en su nuevo informe sobre las detenciones ocurridas entre 2018 y 2023.
“La diversidad de los perfiles de personas detenidas arbitrariamente en Venezuela da cuenta de que la persecución no solo se ejerce contra aquellas personas que opinan diferente, sino que también” se busca “enviar un mensaje de amedrentamiento” a “familiares o personas cercanas a quienes se busca reprimir”, sostuvo la organización en el informe “Vidas Detenidas”.
AI aseguró que “se ha consolidado la criminalización” de las personas a través de tribunales con competencia en terrorismo y advirtió que esto agrava las consecuencias del procesamiento penal.
La organización también identificó “patrones” en las detenciones: ocurren sin órdenes judiciales, falta “independencia judicial”, se aplican leyes de forma “ambigua” y se utiliza la “incomunicación y el aislamiento de las personas detenidas”, entre otros.
“El derecho a la libertad, al juicio justo, a la integridad y a no ser sometido a torturas o malos tratos es violado con frecuencia a través de estas prácticas”, afirmó.
(Con información de EFE y AFP)
Últimas Noticias
Oposición venezolana plantea un “acuerdo de unidad nacional” para la reconstrucción del país
La Plataforma Unitaria dejó claro que apuesta por el éxito del proceso de negociación con el chavismo que se desarrolla bajo el auspicio de Estados Unidos
Luego de encarcelarla y forzarla al exilio, justicia chavista declara inocente a Rocío San Miguel
La directora de la ONG Control Ciudadano se ha dedicado a investigar y denunciar las irregularidades cometidas por la Fuerza Armada
Observatorio Venezolano de Prisiones denuncia que tres reclusas murieron en septiembre por falta de atención médica
Una de las fallecidas fue directora de una cárcel y había sido identificada como presa política por distintas organizaciones, incluido el partido de María Corina Machado
Condenas de hasta 18 años para los militares marcan el cierre del juicio por Brazalete Blanco
El tribunal impuso 18 años de prisión al capitán retirado Ányelo Julio Heredia Gervacio. Condenados tres militares activos de la familia César Siero, así como un coronel y su esposa. Los militares habían sido degradados y expulsados de la Fuerza Armada en enero 2024. Fueron absueltos los civiles Rocío San Miguel, Alejandro González y dos activistas de Vente Venezuela
A 100 días de los terremotos en Venezuela, miles de familias siguen sin poder volver a sus casas
ACNUR advirtió que la emergencia avanza hacia una etapa de recuperación pero que las necesidades humanitarias siguen siendo enormes. Solo el 31% de los fondos requeridos para la respuesta está financiado.
