La noche del 24 de diciembre de 2016, el suboficial Mauro Navarro patrullaba en moto junto a su compañero Gerardo Figueroa las calles del barrio San Cayetano de Tucumán. Como tantas otras veces, realizaban recorridos preventivos como parte del servicio 911. Pero ese turno cerraría con un disparo, una muerte y, luego, con una condena a prisión perpetua. Casi ocho años después, llegó la absolución definitiva por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El día de los hechos, allá por 2016, a los agentes les llegó un alerta: dos empleados de una empresa de cable habían sido asaltados por un hombre armado en la calle Anselmo Rojo al 100, en San Miguel de Tucumán.
Un vecino apuntó a un sospechoso con nombre conocido: Miguel Reyes Pérez. Minutos después, los policías divisaron a un hombre que coincidía con la descripción. Le dieron la voz de alto. Comenzó a correr.
Lo que siguió fue una persecución a pie por los pasillos del barrio. Según Navarro, en un momento el sospechoso se detuvo, giró y le apuntó con un arma. El oficial desenfundó su escopeta cargada con postas de goma y le apuntó a los pies.
Fue entonces cuando una mujer se le abalanzó sobre el policía para proteger al sospechoso. En medio del forcejeo, el arma se disparó. El impacto dio en el rostro de Reyes Pérez. Gravemente herido, el presunto ladrón cayó al suelo.
La ambulancia no llegaba y la tensión en el barrio crecía. Los vecinos comenzaron a atacar a los agentes. Navarro y Figueroa cargaron al herido en una camioneta y lo trasladaron al hospital. Días después, Reyes Pérez, de 24 años, murió por complicaciones derivadas de la herida de bala.
El caso llegó a juicio con ambos policías imputados. El tribunal consideró que no se pudo probar que Figueroa hubiera agredido a la víctima y fue absuelto. Pero con dos votos contra uno, Navarro fue condenado a prisión perpetua por homicidio agravado por haber sido cometido con abuso de la función policial.
No se halló el arma que el sospechoso habría empuñado, y eso fue clave para los jueces. La fiscalía y la querella calificaron el hecho como un caso de gatillo fácil.
El camino judicial
La defensa apeló. A fines de 2022, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán anuló la condena. El máximo tribunal provincial sostuvo que no se había respetado el principio de inocencia, que el tribunal oral había desestimado pruebas clave, y que no había certeza de que Navarro hubiera actuado fuera del marco de la legítima defensa.
Los jueces subrayaron que el agente utilizó munición no letal, que la víctima tenía antecedentes delictivos y que existían contradicciones entre los testigos, muchos de ellos vinculados a Reyes Pérez.
La querella intentó revertir la absolución en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, acusando arbitrariedad y omisiones graves en la evaluación de pruebas.
Pero el máximo tribunal nacional, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó el planteo por inadmisible, aplicando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y dejó firme la absolución de un policía tucumano.
Así, el policía pasó de homicida con una condena a perpetua a absuelto ocho años después y Navarro quedó libre de toda culpa.
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