Gracias a un megaoperativo, la Justicia de la provincia de Buenos Aires logró desbaratar a una organización dedicada a fraguar certificados médicos de empleados dependientes de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense a cambio de dinero. Se estima que los delitos cometidos por esa banda provocaron una pérdida económica de 72 millones de pesos para el Estado de la provincia de Buenos Aires.
La investigación fue comandada por la UFI 16 de La Plata, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta y con la intervención del juez de Garantías Juan Pablo Masi.
Así, la policía de la provincia de Buenos Aires realizó once allanamientos en las localidades de San Miguel y Los Polvorines y fueron llevadas a cabo por efectivos de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado, con colaboración de la División de Enlace de Interpol. Durante las actuaciones, se secuestraron sellos, recetarios en blanco, historias clínicas, una computadora, documentación y celulares.
Además, se detuvo a cuatro personas: un delegado del gremio de la UPCN de José C. Paz, un médico y dos empleadas administrativas. Los imputados están acusados de otorgar unos 220 certificados médicos falsos a docentes, auxiliares y empleados dependientes de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense a cambio de dinero.
En tanto, se allanaron varios domicilios y consultorios médicos de la zona donde trabajan médicos que figuran en los certificados otorgados. Estos especialistas todavía están siendo investigados por la Justicia. Se intentará determinar si los sellos con sus nombres fueron falsificados o si estuvieron involucrados en el acto delictivo.
Se calcula que la organización llegó a entregar alrededor de 220 certificados y que cobraba unos 800 pesos por cada uno. El tema es que la mayoría de esos documentos remitían a una patología psiquiátrica leve pero con un reposo de 30 días.
Ese período debía ser cubierto con suplentes en los cargos, por lo que se estima que las pérdidas totales para el Estado bonaerense alcanzaron la cifra de unos seis millones de pesos por mes y un total de 72 millones de pesos.
El fraude se descubrió luego de que la entidad que rige la educación en la Provincia pusiera en marcha este año el "Nuevo Sistema de Licencias Médicas", por medio del cual se constató que varios docentes presentaban certificados que se caracterizaban por una misma tipología de letra y la misma patología.
Al ser consultados, los profesionales que habían prescripto las bajas adujeron desconocer tales recetas y aseguraron no haber atendido nunca a esos pacientes.
Asimismo, al ser citados a la Junta Médica de la Dirección General de Escuelas, los docentes y auxiliares señalados ni siquiera se presentaron o acudieron sin historias clínicas o documentación pertinente.
Además, fuentes de la investigación advirtieron que muchos involucrados reconocieron no padecer ninguna patología. Y explicaron que, como necesitaban tomarse unos días, solo debían comunicarse con un empleado de la UPCN de José C. Paz para que les consiguieran las licencias.
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