El intendente de Paraná, Sergio Varisco, quien está internado con una fractura de cadera, habló luego de ser víctima de una violenta agresión por parte de un grupo de personas, que lo abordaron ayer cuando regresaba a su casa, solo y sin custodia. Dijo que se trató de “gente intolerante que fue a pedir que el municipio le otorgue beneficios que no corresponde”.
Varisco contó que previo al ataque había mantenido una reunión con los agresores. “Cuando llegué a mi casa a las cuatro de la tarde, gente que yo había atendido a la mañana y que ante una requisitoria les dije que no podía hacerlo, volvió a insistir y se produjo una suerte de discusión a la cual no contesté. Entrando a la puerta, uno me empuja y hace caer. Tuve tanta mala suerte que tuve esta consecuencia”, relató el dirigente de Cambiemos.
El jefe comunal sostuvo a TN que “en esta la ciudad de 400 mil habitantes todo el mundo tiene mi teléfono y sabe dónde encontrarme”. En ese sentido, resaltó que por su manera de moverse “no es la primera vez” que sufre "amenazas o agresiones”, y consideró: “Esto me pasa por hablar y recibir a todos”.

La agresión se produjo cerca de las 16 del martes, sobre la calle Pellegrini de la capital entrerriana, frente al shopping local y en la puerta del domicilio familiar de Varisco. Testigos filmaron la escena. En el video que circuló por las redes sociales, se escucha a los agresores recriminarle al jefe comunal por una supuesta promesa de trabajo incumplida.
“Vos me hiciste laburar como un perro (...) ¿Vos no me vas a dar laburo? Yo te termino de matar la concha de tu madre. Tu hija me dio la palabra de que me iba a dar trabajo”, le dice ofuscado uno de los hombres. “Diste de baja los cheques”, le recrimina luego. Y finaliza mientras una mujer trata de separarlo: “¿Querés un médico? Te voy a matar hijo de puta”.
La Policía provincial detuvo a dos hombres y a una mujer involucrados en el hecho, identificados como Vanina Julieta Gauna (40 años), Claudio Javier Godoy (46) y Juan Ignacio Musuruana (26). Por el momento, están alojados en la Alcaidía de Tribunales de Paraná y en el transcurso del día la fiscal Natalia Taffarel les tomará declaración en calidad de acusados de “coacción” agravada y “lesiones graves”.
El delito de coacciones agravadas contempla una pena de cinco a diez años de prisión. En el caso de que las amenazas tuvieren como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos, una posible pena es la reclusión.
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