El conflicto por los salarios en el sistema público de salud sumó un nuevo capítulo con la advertencia de un paro sin guardia en el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, ubicado en la localidad bonaerense de Morón. A través de un comunicado difundido por la Asamblea de Residentes, más de 600 médicos en formación que dependen del Ministerio de Salud de la Nación reclamaron una urgente convocatoria a una mesa de diálogo y anticiparon que, si no reciben respuesta antes del lunes 9 de junio, iniciarán una medida de fuerza al día siguiente.
Según expresó la Asamblea, la situación económica de los residentes es insostenible. Denuncian que la remuneración básica para un residente de primer año se ubica en los $797.000, cifra que no se condice con las más de 60 o 70 horas semanales que dedican a su formación y a la atención de pacientes. Además, señalaron que no existe ningún bono compensatorio por esa carga horaria, lo que agrava su situación económica en un contexto de suba generalizada de precios.
“Desde hace meses venimos manifestando una situación crítica que compromete tanto nuestra subsistencia como la calidad de atención que brindamos diariamente”, manifestaron desde la Asamblea, en un texto donde también remarcaron que los pedidos formales y públicos dirigidos a las autoridades nacionales no obtuvieron hasta ahora respuestas satisfactorias.
La advertencia de un paro sin guardia para el martes 10 de junio fue comunicada como una forma de “visibilizar la gravedad del conflicto”, según precisaron los trabajadores. La decisión de avanzar con esta medida, sostienen, responde no solo a la falta de diálogo por parte del Ministerio, sino también al impacto directo que los recortes presupuestarios están teniendo en la operatividad del hospital.
La Asamblea explicó que el déficit de recursos esenciales, los despidos recientes y la salida de profesionales han comenzado a deteriorar seriamente el funcionamiento de la institución. Esta combinación de factores no solo afecta las condiciones laborales de quienes allí trabajan, sino que también pone en riesgo el derecho a la salud de la población que se atiende en uno de los hospitales públicos más importantes del país.
El comunicado de los residentes fue enfático al señalar que la situación en el Hospital Posadas no es un hecho aislado. Por el contrario, mencionaron que se suma a la crisis que atraviesa el Hospital Garrahan, otra institución dependiente del mismo ministerio, cuyos residentes mantienen un paro por tiempo indefinido y reclaman una recomposición del 50% en sus becas, así como el pago de un incentivo por alta complejidad.
Además de la convocatoria a la negociación, la Asamblea del Posadas pidió a la sociedad que acompañe el reclamo. “La convocatoria a una mesa de diálogo antes del 9 de junio se presenta como la última instancia para evitar la profundización de la crisis”, indicaron en su comunicado. El objetivo es evitar que las medidas de fuerza afecten aún más el ya debilitado funcionamiento del hospital.
Desde la Asamblea del Posadas insistieron en que la solución al conflicto debe incluir respuestas concretas y estructurales. Advirtieron que los bonos o refuerzos provisorios no resuelven los problemas de fondo y que la crisis podría seguir escalando si no se adoptan medidas urgentes. En ese marco, la advertencia de un paro sin guardia se presenta como un llamado de atención no solo para las autoridades, sino también para visibilizar la situación ante la opinión pública.
El Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, que forma parte del sistema público nacional, concentra una amplia demanda de pacientes y cumple un rol central en la atención médica de alta complejidad. Su personal en formación representa una parte clave de la estructura de atención, por lo que la continuidad del conflicto podría tener un impacto directo en la asistencia diaria.
Hasta el momento, el Ministerio de Salud de la Nación no emitió declaraciones públicas en respuesta a las exigencias de los residentes. En ese contexto, los trabajadores reiteraron su disposición al diálogo, pero subrayaron que la falta de respuestas concretas los obliga a considerar medidas más contundentes en defensa de sus derechos laborales y de la calidad del sistema de salud público.
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