
Ayer, el Juzgado de Control de Garantías Nº3 ordenó la “inmediata liberación” de Silvina Nieva, la única detenida por el crimen de Juan Carlos Rojas, el ex ministro de Desarrollo Social de Catamarca que se sospecha que fue asesinado el sábado 3 de diciembre en el patio de su hogar. La decisión de liberar a la mujer fue determinada por el magistrado Lucas Vaccaroni debido a “errores procesales” encontrados en el expediente.
Esta tarde el magistrado dará a conocer los fundamentos de su veredicto y las condiciones de la libertad de Nieva, quien trabajaba como empleada doméstica en el hogar de Rojas y quien fue imputada días atrás por el delito de “homicidio doblemente calificado por mediar relación de pareja y alevosía”.
Iván Sarquís, abogado de la familia de Rojas, expresó: “Consideramos que hay una serie de cuestiones procedimentales que el juez exige que se resuelvan y se subsanen. Ha declarado la nulidad de la detención de la empleada y no ha hecho ninguna valoración ni análisis sobre la prueba que pesa sobre ella y que la involucra”.
“La familia está absolutamente expectante porque quiere saber si el Juzgado de Control de Garantías, en el momento en el que esto se subsane, va a evaluar y va a determinar si es suficiente la plausibilidad de la participación criminal de Nieva. Queremos saber cuál es la prueba que pesa sobre ella y si la misma tiene la relevancia suficiente para que se la considere implicada en la causa”, agregó Sarquís en diálogo con Infobae.
“Todavía no hemos tenido acceso al expediente”, sostuvo.
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Juan Carlos Rojas fue encontrado muerto el pasado 4 de diciembre en el patio de su casa, ubicada en el Barrio Parque Argentina de la capital provincial. En primera instancia, la causa de fallecimiento fue caratulada como “muerte natural” y posteriormente, tras realizarse la segunda autopsia a pedido de la familia, fue cambiada por la de “homicidio”. Los resultados arrojaron que el ex funcionario murió de un “traumatismo de cráneo”, efectuado con un objeto contundente y sin filo, entre 25 y 30 horas antes de ser hallado.
A partir de ahí, la querella solicitó que se sumen fiscales coadyuvantes. El procurador general de Catamarca, Alejandro Dalla Lasca, hizo lugar al requerimiento y se sumaron dos fiscales colaboradores: Hugo Costilla, fiscal de instrucción penal 5, y Alejandro Gober, fiscal de instrucción penal 7, a cargo de la Unidad de Ciberdelitos. En este marco, se ordenó el allanamiento de las viviendas de algunos familiares y allegados de Rojas, las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y la sede de la UTHGRA, donde se secuestraron elementos tecnológicos y ropa.
El 7 de diciembre, la Justicia ordenó la detención de Nieva, quien fue liberada ayer. Sin embargo, la empleada aún continúa imputada por el delito de “doble homicidio calificado”.
“Las hipótesis están abiertas y las pesquisas están en pleno proceso investigativo. La causa es compleja y se ha iniciado con algún grado de desprolijidad. Queremos que la investigación rápidamente se encauce y que logre recabar los elementos probatorios que esclarezcan los hechos. La energía y la vista está puesta en ese sentido”, dijo Sarquís en comunicación con este medio.
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