Revolución Federal: por qué la fiscalía entiende que se excedió la libertad de expresión y los acusan de “incitación a la persecución y el odio” contra el Gobierno

Una asociación que llevó adelante “un esquema delictivo que diseñaron para imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza y el temor”. En estos términos, el fiscal federal Gerardo Pollicita reclamó las detenciones de los cuatro integrantes de la agrupación Revolución Federal que promovía la consigna “al kirchenerismo cárcel o bala”. Pero además, en el dictamen al que accedió Infobae, la fiscalía aseguró que a través de las redes sociales crearon un clima de violencia que escaló hasta que intentaran matar a la vicepresidenta Cristina Kirchner, en una hipótesis que liga a esa agrupación con el intento de homicidio que se investiga en otro expediente. De las redes a “ganar la calle”. La fiscalía rechazó además que las acciones que llevaron adelante los cuatro imputados puedan estar amparadas por la libertad de expresión, según el dictamen al que accedió Infobae.

“Para poder comprender la gravedad de la actividad desplegada por la agrupación estudiada resulta inevitable mencionar la actual crisis económica, financiera y social que nuestro país se encuentra atravesando, y el estado de alarma social que hoy en día reina en razón del atentado contra Cristina Fernández”, dijo el fiscal. El juez Marcelo Martínez De Giorgi avaló la hipótesis al ordenar las detenciones de Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile, que hoy serán indagados vía zoom desde sus lugares de detención. Se sospecha que sus acciones generaron el “caldo de cultivo” para que el intento de homicidio se cometiera.

¿De qué se los acusó? La fiscalía encuadró la acusación en el delito 212 del Código Penal reprime con pena de prisión de tres a seis años a quien públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones por la sola incitación. Pero además promovió la imputación por artículo 213 bis, que castiga con tres a ocho años de prisión “al que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación”. A esos dos delitos, la fiscalía le sumó un agravante por la ley de discriminación para “quien aliente o incite a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas”.

A Morel y a Sosa los consideraron “organizadores”, mientras que a Guerra y Basile integrantes de esa agrupación

“Hay que matarlos”, dice Morel. “Bueno matemoslos pero te preguntas quién lo va a hacer, dónde están los retirados de las Fuerzas Armadas, donde están los militares, donde están los nacionalistas, donde están los libertarios polentas, donde esta Cuneo que tanto al boquea por esa radio de mierda que tiene”, le responde Sosa en uno de los diálogos públicos en Tweet Space. Eran los días previos al atentado, cuando la militancia se reunía frente a la casa de Cristina Kirchner. Cuando sugieren tirarle agua a los manifestantes, un usuario identificado como “Gabriel Gómez” señaló: “Yo reemplazaría el agua por nafta”. Y Morel responde: “Sí, sí, por favor nafta, llevo los camiones de aeroparque, una bomba, algo, hagan algo (…) hay que matarlos y educar a los nuevos, esto está perdido”.

Revolución Federal se formó en mayo del 2022, “bajo premisas específicas y determinadas, bajo el pretexto de estar a favor de la democracia y con el objeto de hacer algo que active a la población disconforme con la política actual a través de medios notorios y más agresivos”, repasó la fiscalía. Pero las pruebas alcanzan para “tener por corroborada la actividad desplegada por Jonathan Morel y Leonardo Sosa, quienes organizaron una agrupación de la que luego tomaron parte Gastón Guerra y Sabrina Basile —entre otras personas aún no identificadas—, y desde la cual llevaron a cabo un esquema delictivo que diseñaron para imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza y el temor”, afirmó la acusación.

Puntualmente, el Ministerio Público sostuvo que “se pudo corroborar que, a través de la agrupación Revolución Federal, en el período reseñado los nombrados alentaron e incitaron a la persecución y al odio contra determinadas personas a causa de sus ideas políticas, principalmente funcionarios públicos de la actual gestión del Poder Ejecutivo Nacional — Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, Silvina Batakis, Victoria Donda, entre otros—, y en ese contexto atentaron entonces contra el orden público”.

La fiscalía determinó que Sosa y Morel “decidieron organizar la agrupación con el objetivo prioritario aunque no único de que los kirchneristas tengan miedo de ser kirchneristas, combatiendo las ideas políticas de determinados dirigentes, principalmente de la coalición política Frente De Todos, mediante protestas autoconvocadas, reuniones en vivo mediante la funcionalidad Spaces de Twitter, distribución de folletería física y digital”.

Y citó los mensajes en redes: “van a correr”, “todos presos, muertos o exiliados”, “no vamos a cantar el himno. Vamos a exigir renuncias” , “al kirchnerismo cárcel o bala”, “no se quieren ir? Los vamos a sacar”, “que se vayan todos”. Pero la el temor se infundió, dijo el juez, con frases como “los vamos a perseguir, van a tener miedo de salir a la calle. El robo y la corrupción en Argentina va a dejar de ser gratis, por las buenas o por las malas (…) TODS van a sufrir las consecuencias de sus actos.”

“Los integrantes de la agrupación comparten determinadas creencias, aseguran que las personas que el pueblo votó y que actualmente se encuentran en el poder deben renunciar y retirarse antes de finalizar sus respectivos mandatos”, resaltó.

El dictamen sostiene que Revolución Federal se encargó de “planificar, coordinar y difundir distintos tipos de mensajes de odio, ‘escraches’, actos intimidatorios y manifestaciones, llegando a utilizar incluso antorchas en la vía pública arrojadas junto con bombas de estruendo contra la Casa de Gobierno”. Y “terminó constituyendo, en el actual contexto de crisis económica y financiera, en uno de los actores que sembraron en la sociedad la escalada de violencia y odio, cuyo acto más trascendente resultó ser el intento de homicidio de la Vicepresidente de la Nación, el pasado 1° de septiembre”. Según dijo, “la actividad de la agrupación causó temor y alteró la tranquilidad de la sociedad y de las autoridades nacionales”.

Pollicita explicó que “la violencia e intimidación desplegadas” no fue solo de “ manera digital” en redes sociales sino que se transformó en realidad: la agrupación cumplió el objetivo de “ganar la calle” que estaba “dominada por la izquierda, conformando entonces una cronología de sucesos que, evaluados en su conjunto, demuestran la existencia de un esquema delictivo guiado por un hilo conductor que tuvo como fin principal imponer las propias ideas de la agrupación y combatir las ajenas por medio del temor”.

Sobre la libertad de expresión, la fiscalía entendió que los mensajes de Revolución Federal exceden ese derecho constitucional. Citó jurisprudencia de una causa a un grupo de skinheads en Mar del Plata en 2015 en donde Casación afirmó que “no se trató de la criminalización de meros pensamientos o de expresiones inocuas, sino de acciones que infundieron temor público en concreto y por el sólo hecho mensaje público que emitió el acto de asociarse”. Para el fiscal de Casación Javier De Luca “en el desarrollo de la libertad de expresión, quedaron fuera de protección algunas manifestaciones como los discursos de odio o las incitaciones a la violencia”. Pollicita resaltó que así lo dijo recientemente cuando tuvo que pronunciarse en una causa por intimidación pública en donde era víctima el ex presidente Mauricio Macri.

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