
La Asociación de Magistrados y Funcionarios realizó esta tarde una reunión extraordinaria tras el intento del oficialismo de incluir en el Presupuesto 2023 un artículo para que todos los integrantes del Poder Judicial de la Nación y de las provincias paguen el Impuesto a las Ganancias. Luego de ese encuentro, la entidad emitió un comunicado en el que reclama participar del debate legislativo.
“Reclamamos participar del debate en el ámbito legislativo en cuestiones que nos incumben y que nuevamente intentan afectar nuestros derechos. Apostamos al diálogo y esperamos ser escuchados por los legisladores. A tal efecto, en el día de la fecha remitimos con carácter de urgente sendas notas a las comisiones pertinentes”, dice el segundo punto de un breve comunicado.
La Asociación de Magistrados también decidió pedir una reunión con los miembros de la Corte Suprema y alertó que no descarta “ninguna acción inmediata en resguardo y recomposición de nuestros derechos”.
Las tres agrupaciones que nuclean a jueces, fiscales, defensores oficiales y funcionarios también salieron a rechazar sin diferencias el proyecto.

Lo mismo hizo Julio Piumato, titular de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. “Es absolutamente inaceptable que en plena crisis económica se trate de cargar las tintas sobres los y las trabajadoras como posible variable de ajuste”, señaló el dirigente y calificó la iniciativa de “un impuesto confiscatorio del salario”.
Más tarde, Piumato anunció un paro y movilización en todo el país para el próximo martes para rechazar el artículo que el Frente de Todos incluyó en el Presupuesto 2023.
La Lista Bordó, que preside la Asociación de Magistrados y es la más crítica al oficialismo, sostuvo que “la reforma que se intenta introducir, llamativamente canalizada en un proyecto de ley que no persigue esos fines, sino la diagramación de las erogaciones de los tres poderes del estado, evidentemente se corresponde con una nueva maniobra del partido de gobierno para atentar contra la independencia judicial y dotarse a sí mismo de herramientas de presión”.
Por otro lado, la Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales de la República Argentina expresó su “profunda preocupación ante lo que aparece como un desconocimiento del imperativo constitucional contenido en el art. 110 de la Constitución Nacional, relativo a la intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados, en cuanto mandato dirigido a los otros dos poderes del Estado que, sin instituir privilegio alguno, les impone abstenerse de dictar o ejecutar acto alguno que implique reducir la compensación que reciben por sus tareas (Fallos: 329:385, Considerando 8° voto mayoría)”.

El gobierno logró ayer la aprobación por mayoría en comisión de la Cámara de Diputados del presupuesto para el año que viene. Uno de los puntos que se incorporaron fue que todos los jueces, funcionarios y jubilados del Poder Judicial paguen el impuesto a las ganancias.
“En el caso de los Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, la totalidad de sus ingresos se incluirá dentro de los ingresos gravados, independientemente de la fecha de su nombramiento”, dice el artículo incluido en el dictamen.
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